“La Administración estatal y regional no nos estamos poniendo de perfil”, declaró ayer el consejero de Industria, Enrique Fernández. A la misma hora que se encontraba declarando en la Audiencia Nacional la cúpula de Alu Ibérica, el Gobierno asturiano lanzó un contundente mensaje para el equipo al mando de las plantas de Avilés y La Coruña. “La llegada del grupo Riesgo no ha ofrecido en ningún momento de garantías de poder continuar con la producción y el empleo. Es una situación que veíamos denunciando desde hace tiempo”, subrayó Fernández al término de la reunión del Consejo de Gobierno. A su juicio, tras las manifestaciones realizadas el día anterior por la parte sindical, “en absoluto pueden derivarse responsabilidades del Ministerio o del Principado, que han estado con los trabajadores, por la transmisión que hizo Parter a Riesgo sin previa comunicación ni aviso”, aseveró. La única responsabilidad, sostiene el Consejero de Industria, “por actuar de mala fe”, la tiene Alcoa “que hizo transferencia a un grupo que no ha mostrado capacidad para garantizar el empleo. Obraron de mala fe y poco a poco se les cae la careta”, agregó en relación de los nuevos dueños de Alu Ibérica.
"En absoluto pueden derivarse responsabilidades del Ministerio o del Principado, que han estado con los trabajadores"
Con la operación de rescate de Duro Felguera sobre la mesa, el titular del Industria no fue inflexible ante la posibilidad de que pudiera repetirse un proceso análogo con Alcoa. “En la Junta General del Principado ya se pidió a la SEPI una intervención que pueda ser de rescate y que garantice el mantenimiento de la actividad y el empleo. Esa petición ya se ha hecho desde Asturias, veremos lo que ocurre”, señaló antes de referirse a que ahora “ha tocado intervenir en Duro porque el tiempo se agotaba”, se justificó, “en el momento que sea necesario intervenir en Alcoa también lo vamos a hacer”.
A Esther Llamazares, portavoz municipal del PP, le sorprende que nadie hubiera cuestionado la operación cuando el fondo suizo Parter Capital presentó las garantías requeridas para la compra de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés. Entonces, dijo, “tanto la Ministra de Industria como los representantes de los gobiernos del Principado y Avilés, se congratulaban por el feliz desenlace, que definían como ‘éxito de todos’’, tanto desde la Administración como de las empresas”.
Y ahora, señaló la portavoz popular, han quedado en entredicho los compromisos adquiridos en los sucesivos procesos de compraventa hasta llegar a Grupo Industrial Riesgo. “¿Por qué se descartó por parte de unos y otros la opción de Quantum que era la opción por la que apostaban los trabajadores?”, se preguntó Esther Llamazares sobre las consecuencias de ese proceso. A su juicio, el cierre de aquella operación, “de la que dependen más de 700 familias y en la que han mediado una multinacional del aluminio, un grupo inversor y el Gobierno de una nación”, precisó, suena ahora “preocupantemente ridículo” a la vista del resultado: “una operación presuntamente fraudulenta”.
“Algún responsable público debería explicar las circunstancias que han derivado en el estado actual de las plantas"
En menos de un año, dijo la edil popular, varios dirigentes de la nueva empresa se han sentado en la Audiencia Nacional, por ello, considera que “algún responsable público debería explicar” las circunstancias que han derivado en el estado actual de las plantas.
"Estamos ante un nuevo aviso para que el Ministerio intervenga esta empresa, con carácter temporal, pero muy urgente·
Desde las filas de Ciudadanos, su portavoz municipal, Javier Vidal García, agradeció el hecho de que los sindicatos hayan presentado una reclamación judicial, “ante la inacción del Ministerio de Industria”. Precisamente en un momento en el que está actuando la justicia, expresó su deseo de “respetar escrupulosamente la independencia de los jueces y esperar a sus resoluciones firmes para actuar en consecuencia”. No obstante, advirtió, “estamos ante un nuevo aviso para que el Ministerio intervenga esta empresa, con carácter temporal, pero muy urgente”.
"Estos problemas vienen derivados de la decisión del Gobierno de Asturias de operar por Parter como adquirente de la planta de Alcoa en Avilés contra del criterio de los trabajadores"
Una actuación sólida y sanciones para quienes actuaron “indebidamente” es lo que pide Arancha Martínez Riola, portavoz municipal de Vox. “Estos problemas vienen derivados de la decisión del Gobierno de Asturias de operar por Parter como adquirente de la planta de Alcoa en Avilés contra del criterio de los trabajadores; el Gobierno de Asturias debería ser responsable subsidiario”.
Las reacciones del resto de formaciones políticas tampoco se hicieron esperar en el día de ayer, tanto en clave autonómica como municipal. La sospechas sobre el traspaso de las fábricas de Avilés y La Coruña de Parter a Riesgo dejan en el tejado de la Administración central, autonómica y local, un control más riguroso en este tipo de operaciones. Unos son partidarios de una intervención estatal siguiendo el modelo de Duro Felguera mientras que otros reclaman “sanciones” y una “actuación sólida” frente a los que actuaron “indebidamente”. La portavoz del consejo ciudadano de Podemos Asturias, Cristina Tuero, pidió que “la Sepi se quede permanentemente en Duro Felguera y que intervenga en la antigua Alcoa y Alu Ibérica en las tres plantas para que las mismas se conviertan en la base estratégica de producción de aluminio en España”.
"El Idepa y la SEPI deberían constituir un fondo de inversión pública bajo control democrático y hacerse con el control total o parcial de algunas de las principales empresas de la región"
Por su parte, la concejala de Cambia Avilés, Tania González, y el portavoz de la formación morada en la Junta General del Principado, Daniel Ripa, coincidieron en señalar que puede haber futuro para el aluminio en España “de la mano de la inversión pública”. Para ello, proponen la reforma del Idepa y de la SEPI de modo que se conviertan en un “fondo de inversión pública bajo control democrático que se haga con el control total o parcial de algunas de las principales empresas de la región”. Tania González recordó asimismo que "cuando miles de personas se manifestaron clamando por el futuro de Alcoa nadie se imaginaba que la situación llegaría a donde llegó”, por los últimos acontecimientos. Por su parte, Ripa abundó en la necesidad de una política proactiva desde el estado para preservar los derechos de la industria asturiana, trasladando el modelo de Duro Felguera a Alu Ibérica, Vauste y otras industrias asturianas.
