Como bien precisa la juez María Tardón Olmos en sus negativas fundadas a admitir los respectivos recursos que presentaron David Domenech y Alexandra Camacho contra la admisión a trámite de la querella de la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) por presuntos delitos de estafa, insolvencia y apropiación indebida (entre otros) en las sucesivas ventas de que fue objeto la fábrica de aluminio de Avilés, no se trata en este primer momento procesal de afirmar la existencia de hechos delictivos sino de comprobar si se puede excluir definitivamente su existencia. Y por eso se da a los querellados la oportunidad de comparecer y proponer las diligencias que entiendan convenientes a sus derechos.
A tenor de la batería argumental que expuso la CCP –y a la que se han adherido el resto de organizaciones sindicales– en su querella, la juez ha determinado la improcedencia de la exclusión de delitos, si bien hay aspectos que por falta de claridad y concreción aconsejan recabar nuevas y más amplias informaciones, una tarea que la juez encomendó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial y que deparó el pasado jueves el registro de las fábricas de Alu Ibérica y de varias oficinas de Grupo Industrial Riesgo, el teórico propietario de la antigua Alcoa.
Los agentes policiales se llevaron decenas de servidores y dispositivos de almacenamiento de información; fuentes conocedoras del curso de la investigación estiman que “hay trabajo para al menos un mes” destripando el contenido de los archivos. El objetivo: hilar la trama económica que, según sospecha la CCP, ha urdido Grupo Industrial Riesgo para despatrimonializar Alu Ibérica y llevarse tajada en la operación.
Lo más plausible es que los cuatro detenidos, que tras prestar declaración el viernes quedaron en libertad con orden de no abandonar el país y personarse en el juzgado cada mes, sean requeridos de nuevo para declarar cuando se conozca el alcance cierto del supuesto “roto” que se ha hecho en los activos de Alu Ibérica.
La juez ha valorado como razones de peso para descartar la ausencia de delitos aspectos ciertamente pintorescos del entramado societario que montó David Domenech para tomar el control de Alu Ibérica. Por ejemplo, la constitución con un capital de solo 330.000 euros de la sociedad usada para hacer la compra, System Capital Management, S. L. Más asombrosa aún es la forma de desembolsar ese capital: de un lado, se aportaron unas carretillas valoradas en 328.600 euros; y los 1.400 restantes los aportó Alexandra Camacho entregando una impresora.
