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La tragedia de Izán, el niño ahogado que no quería ni ponerse bañador, llega a juicio

El juzgado de lo penal de Avilés acoge el lunes la vista contra la directora y dos monitoras de una granja escuela de Soto del Barco

El lugar donde se produjo el suceso.

La directora de una granja escuela de Soto del Barco, dos monitoras y, como responsable civil la entidad titular del negocio, se enfrentarán el lunes en Avilés ante el juez por la muerte de un niño de 5 años ocurrida en el verano de 2017. El pequeño se ahogó en la piscina del centro en un momento en que el vaso estaba mal vigilado.

Y la Fiscalía es contundente en su relato de los hechos. El pequeño Izán Álvarez se ahogó, según el Ministerio Público, por una desatención clara en el momento del suceso que se suma a un encadenado de circunstancias punibles. Según Fiscalía “la encargada de la instalación no adoptó ningún tipo de medida de precaución, ni siquiera la más elemental, en el desarrollo de la actividad de piscina con el niño, que tenía pánico al agua; el número de menores a cargo de las dos cuidadoras era considerablemente mayor a lo permitido por ley; la piscina no tenía licencia de apertura y carecía de socorrista y la directora no había solicitado al Instituto Asturiano de la Juventud autorización para el desarrollo y organización de actividades de aire libre”. De todo eso deberán responder los acusados. Será duro para todas las partes escuchar en la sala, de nuevo, que el niño ahogado tenía “pánico al agua” y que no era algo desconocido, ya que los propios padres advirtieron a la titular del negocio del trauma que tenía el niño. En cuatro días que pasó en la granja-escuela la mayor parte del tiempo se negaba a ponerse el bañador y, una vez en la piscina, sus incursiones al agua se limitaban a entrar y salir de forma casi inmediata.

Dice el fiscal que los padres del niño, advirtieron a la directora de la granja escuela de La Bouza, ubicada en Riberas, en Soto del Barco, donde el menor iba a disfrutar de un campamento de verano, que el crío tenía “pánico al agua” y que lo hicieron de forma “clara, rotunda y concreta”, y más de una vez. En el registro de inscripción en el campus consta en el apartado de recomendaciones: “Pánico al agua, cuidado en la piscina”. La directora tranquilizó a la familia y le infundió confianza, pero no adoptó ningún tipo de medida para impedir que Izan Álvarez muriera ahogado, como trágicamente ocurrió. Fue otra niña la que halló a su compañero de juegos en el fondo de la piscina. Las acusadas –la directora de la granja-escuela y dos monitoras– estaban sentadas en unas hamacas “en el punto más alejado del vaso infantil sin extremar cautela alguna sobre el menor” cuando ocurrieron los hechos.

El Ministerio Fiscal pide ahora penas de cárcel –tres años y medio de prisión para cada una de las imputadas– e indemnizaciones que rozan los 300.000 euros. La Fiscalía las considera autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional por el que serán juzgadas en Avilés.

La acusación particular defendía un delito de homicidio en comisión por omisión, escenario que les llevaría a ser juzgados por un jurado popular. La familia, a diferencia del fiscal, pide cuatro años de cárcel para tres monitoras (una más que el Ministerio Público), la directora de la empresa y el dueño de la misma, así como 600.000 euros de responsabilidad civil.

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