"Mataron a mi hijo y me están poniendo de mentiroso, dice que nunca me vio en la Bouza", afirmó ayer el padre de Izan Álvarez, el niño de 5 años ahogado en una piscina de una granja escuela de Soto del Barco en referencia a la directora del complejo. Realizó esa afirmación nada más declarar ante el Juzgado de lo penal número 2 de Avilés en el juicio contra la directora de la granja, dos monitoras, la entidad titular del negocio y una monitora en prácticas. "Cuando fui a hacer la matrícula a mi hijo, vi la piscina y les dije: 'Mi hijo tiene pánico al agua. Si es obligatorio, nos vamos ya'. Me contestaron que había monitores cualificados con años de experiencia y lo primero era la seguridad de los niños", apuntó el padre, que momentos antes tuvo un cruce de miradas con la directora de la granja escuela.
El padre del pequeño destacó además que el día del trágico suceso, en julio de 2017, "todos estaban escondidos", en referencia a la directora. "Había llegado el abogado de ella antes que nosotros", indicó para después recordar que desde la granja escuela no les llamó ese día para avisarles del trágico accidente ni tampoco les dieron el pésame por lo ocurrido. Tanto el padre como la madre están desde entonces tomando antidepresivos. "Yo me tomo entre 45 y 50 todos los días", señaló la madre.
El titular del negocio respondió a preguntas de todas las partes y recalcó que su función "era administrativa y económica". Indicó también que "la gestión diaria y la organización recaía exclusivamente en la directora", con la que "mantenía una relación laboral de treinta años" y en la que depositaba su "total confianza". El titular del complejo indicó también que desconocía cualquier tipo de irregularidad. Además, su abogado Carlos Cima manifestó, sobre el juicio, que "se está prestando demasiada atención en hechos irrelevantes con lo que se está juzgando (que es un caso de homicidio)".
El pequeño se ahogó en la piscina del centro en un momento en que el vaso estaba mal vigilado. Su muerte resulta especialmente cruel si se tiene en cuenta que el niño tenía pánico al agua, como así recoge el ministerio fiscal en su escrito de acusación, y la dirección del centro atendió la inquietud de los padres por este tema y lo dejó por escrito en las instrucciones de la matrícula del niño. Pero, como dice Fiscalía en su texto de acusación, no se adoptó ningún tipo de medida para protegerle.
El juicio se inició a primera hora, sin presencia de periodistas por decisión del magistrado. La Fiscalía es contundente en su relato de los hechos. El pequeño Izán Álvarez se ahogó, según el Ministerio Público, por una desatención clara en el momento del suceso, que se suma a un encadenado de circunstancias punibles. Según Fiscalía “la encargada de la instalación no adoptó ningún tipo de medida de precaución, ni siquiera la más elemental, en el desarrollo de la actividad de piscina con el niño, que tenía pánico al agua: el número de menores a cargo de las dos cuidadoras era considerablemente mayor a lo permitido por ley, la piscina no tenía licencia de apertura y carecía de socorrista y la directora no había solicitado al Instituto Asturiano de la Juventud autorización para el desarrollo y organización de actividades de aire libre”. De todo eso deberán responder los acusados. Será duro para todas las partes escuchar en la sala, de nuevo, que el niño ahogado, en los cuatro días que pasó en la granja escuela, se negaba a ponerse el bañador la mayor parte del tiempo y, una vez en la piscina, sus incursiones al agua se limitaban a entrar y salir de forma casi inmediata.
Dice el fiscal que los padres del niño advirtieron a la directora de la granja escuela de La Bouza, ubicada en Riberas, en Soto del Barco, donde el menor iba a disfrutar de un campamento de verano, que el crío tenía “pánico al agua” y que lo hicieron de forma “clara, rotunda y concreta”, y más de una vez. En el registro de inscripción en el campus consta en el apartado de recomendaciones: “Pánico al agua, cuidado en la piscina”. La directora tranquilizó a la familia y le infundió confianza, pero no adoptó ningún tipo de medida para impedir que Izan Álvarez muriera ahogado, como trágicamente ocurrió. Fue otra niña la que halló a su compañero de juegos en el fondo de la piscina. Las acusadas –la directora de la granja escuela y dos monitoras– estaban sentadas en unas hamacas “en el punto más alejado del vaso infantil, sin extremar cautela alguna sobre el menor” cuando ocurrieron los hechos.
El Ministerio Fiscal pide ahora penas de cárcel –tres años y medio de prisión para cada una de las imputadas– e indemnizaciones que rozan los 300.000 euros. La Fiscalía las considera autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional por el que serán juzgadas en Avilés.
La acusación particular defendía un delito de homicidio en comisión por omisión, escenario que les llevaría a ser juzgados por un jurado popular. La familia, a diferencia del fiscal, pide cuatro años de cárcel para tres monitoras (una más que el Ministerio Público), la directora de la empresa y el dueño de la misma, así como 600.000 euros de responsabilidad civil.
