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La directora de la granja escuela donde se ahogó el pequeño Izan se lamenta: "Fue un accidente"

"No se ha podido determinar qué personas intervinieron; nadie sabe cómo se produjo", sostiene el abogado de la responsable del centro

Juicio por la muerte del niño Izán Álvarez en la granja escuela de Soto del Barco. Mara Villamuza

"Fue un accidente". Es la afirmación a la que se aferra la directora de la granja escuela de Riberas, en Soto del Barco, en referencia al fallecimiento de un menor de cinco años, Izán Álvarez, ocurrido en el verano de 2017 en su centro. Así concluye un juicio en el que las partes -acusación y defensa- mantienen sus peticiones de cárcel y absolución, respectivamente, para un caso que ha quedado visto para sentencia tras la finalización de la tercera y última de las sesiones en los juzgados de Avilés.

"No se ha podido determinar qué personas intervinieron en ese suceso porque nadie sabe cómo se produjo, no hay personas determinadas que con su conducta incidieran de forma inmediata y directa en la muerte de Izán", indicó el abogado de la directora, Pedro Hontañón. La de hoy fue una sesión final en la que la acusación particular y las cinco defensas -de la directora, tres monitoras y el titular del negocio- expusieron sus conclusiones dejando el caso visto para sentencia a falta de que el juez determine si hay responsabilidad penal por parte de la directora del centro, tres monitoras y el titular de la empresa.

En la sesión de ayer lo que el juez pudo escuchar fue el testimonio de las monitoras. Se ratificaron en que “no estaban en una hamaca" ajenas a lo que hacían los niños, sino que "estaban en un sitio alto viendo a los muchos niños que había”. Esa afirmación la hacía Pedro Torres, abogado de una de las monitoras a la que se acusa, como a sus compañeras, de un delito de homicidio imprudente. El letrado fue a más y, siguiendo las indicaciones de su defendida, apuntó que “no se sabe cómo el niño cayó” al agua y que los pequeños estaban jugando a lanzarse pelotas y “él la cogió”. “El niño ya era capaz de ponerse solo el bañador”, agregó el letrado.

Otra de las pruebas testificales de estos días consistió en escuchar el testimonio de una empleada que intentó reanimar al niño, siendo una de las primeras personas en atender e intentar salvar la vida del pequeño instantes antes de que llegaran dos sanitarios, una médico y un enfermero, del centro de salud de Soto del Barco. El trágico accidente ocurrió a las 15.20 horas aproximadamente y, minutos después, los profesionales ya estaban en plena intervención. “Cuando llegamos el pequeño no estaba vivo, el desfibrilador no daba señal”, contó el enfermero, que relató, además, cómo instantes después de la realización de esas pruebas médicas llegó una UVI móvil que nada pudo hacer por salvar la vida del pequeño tras la práctica de masajes cardiacos e insuflaciones de aire con el fin de que recuperara la respiración.

Uno de los monitores que ese día también trabajaba en las instalaciones de la granja escuela también fue llamado a declarar para intentar aclarar los hechos. “Yo pasaba por un camino próximo y vi el cuerpo del niño, ya fuera del agua, no vi cómo ocurrió todo”, señaló el monitor, quien apuntó asimismo que toda la organización del centro era tarea de la directora del complejo. Para ella, la Fiscalía pide tres años de prisión y la acusación particular que defiende a la familia del menor, uno más. El Ministerio Fiscal pide idéntica pena para dos monitoras y la acusación la sube un año más, e incluye además en ese listado al titular del negocio. Durante la sesión también declararon varios agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el operativo tras el trágico suceso de la granja escuela de Riberas.

Por su parte el abogado de la acusación particular, Óscar González, destacó que los padres del pequeño Izan Álvarez “lo están pasando muy mal, francamente mal”. “Con el juicio ha llegado el inicio del fin de esta cuestión para dar un portazo a este proceso de una manera definitiva”, manifestó el letrado.

“La vista transcurre con toda la normalidad procesal, pero no se puede desvelar el contenido hasta que no finalice el proceso”, señaló el letrado, que dejó claro que los padres advirtieron a la dirección de la granja escuela que el niño tenía “auténtico” pánico al agua a la hora de matricularlo el 12 de julio de 2017, trece días de su fallecimiento. “Así se hizo constar en la hoja de inscripción de la matrícula y se puso con letras mayúsculas con fosforito: ojo, pánico al agua, cuidado con la piscina”, concluyeron en su argumentación sobre los hechos.

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