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Los problemas de liquidez abocan a la empresa del bus urbano a su disolución

Una aportación pública de capital o la venta de la sociedad, únicas opciones para salvar a la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés

Un autobus urbano en la parada de la calle Jardines. R. Solís

La Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés (CTEA) encadena ya varios ejercicios de pérdidas y la situación de falta de liquidez es tal que uno de los escenarios que se baraja, según fuentes del sector, pasa por la disolución de la empresa, habida cuenta de su situación actual: con un único accionista mayoritario –tras la salida del Ayuntamiento de Avilés– , el grupo Alsa, que opera en este caso a través de la sociedad Proyectos Unificados S.L.U. Solo dos movimientos podrían salvar a la empresa concesionaria del transporte público en la comarca: por un lado, una aportación de dinero público, que señala directamente a la Administración local o, la oportunidad de vender las acciones de la sociedad y que sea otra empresa la que asuma una concesión a todas luces deficitaria si no se resuelven los problemas económicos que arrastra en ejercicios sucesivos, que suma la afectación de la pandemia al transporte de viajeros por carretera.

Según ha podido saber este diario, la sociedad, que tiene en propiedad una flota de 16 autobuses y y cuenta con una plantilla de 56 personas, encadena un descenso continuado en la cifra neta de negocio desde 2014 a 2017 y pese al leve repunte de 2018, la salida del Ayuntamiento de Avilés como accionista al año siguiente devolvió a una zozobra aún mayor a la compañía. El promedio de pérdidas cada ejercicio se sitúa entre 340.000 y 400.000 euros, explican fuentes conocedoras del estado de la sociedad.

Dado que la Compañía Tranvía de Avilés tiene capacidad limitada para la mejora de su resultado, el único planteamiento para “evitar el escenario de pérdidas” pasa por su disolución, aspecto que hasta ahora había podido evitarse, pese a los resultados negativos que se remontan a 2011, gracias al apoyo recibido a través de su accionista mayoritario. Hasta el 31 de diciembre de 2018 la distribución del accionariado de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés estaba de la siguiente forma: el Ayuntamiento era titular del 12,275 por ciento del capital de la CTEA –situación que cambió en agosto de 2019–; Grupo Alsa tenía entonces el 87,15 por ciento de las acciones y socios minoritarios, un 0,575 por ciento. En mayo de 2019, la junta general de accionistas aprobó las cuentas de 2018, deficitarias como las de los siete ejercicios precedentes, y planteó una “operación acordeón” para devolver el equilibrio financiero a la sociedad, para entonces con casi la totalidad de su patrimonio (naves y terrenos) enajenado. Fue en ese momento cuando el Ayuntamiento de Avilés desistió de concurrir a la suscripción de las nuevas acciones y salió de la empresa que presta el servicio público de transporte por carretera en la comarca. Quedó entonces con la obligación de realizar una aportación dineraria extra el Grupo Alsa, a través de la sociedad Proyectos Unificados, S.L.U., y lo hizo para restituir el capital de la CTEA, que se totalizó 501.984 euros.

La crítica situación de la empresa contrasta con la obligación que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben cumplir con la obligación legal de prestación del servicio público de transporte urbano. Si el Tranvía de Avilés entra en situación de disolución se plantea harto difícil ese objetivo. No obstante, según fuentes del sector, no forma parte de los objetivos de la actual concesionaria abandonar el accionariado sin dejar resuelto la atención de las líneas de la comarca de Avilés. En caso de compraventa, podría llegarse, aseguran las mismas fuentes, a una operación conocida como “descuelgue de convenio”, una medida extraordinaria y temporal que permite al empresario, previo desarrollo de un periodo de consultas, aplicar unas condiciones de trabajo y productividad distintas a las que vienen recogidas en el convenio colectivo. Para ello deben concurrir causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso incurren razones de tipo económico para acudir, en caso de que fuera necesario, a esa figura.

Hay esperanza, no obstante, de que antes de llegar a soluciones más extremas pueda recuperarse la disposición económica que otros ayuntamientos brindan al servicio de transporte urbano. De haber querido mantener su antiguo porcentaje accionarial, el Ayuntamiento de Avilés tendría que haber desembolsado 61.618,54 euros.

El sector ve “escasas” las aportaciones públicas

La Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos en su análisis económico-financiero del sector estima que una mayoría de las sociedades que representa en nuestro país tiene una cifra de negocio media de 2,7 millones de euros, importe similar al que gestionaba la sociedad Tranvía de Avilés en los últimos años. Se cita en el mismo informe “la escasa atención de aportaciones públicas para sufragar el déficit anual de gestión”. En el caso de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés se estima que la aportación mínima que debiera recibir la sociedad anualmente estaría en torno a 1,3 millones de euros.

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