Los responsables sindicales de la plantilla de trabajadores de CTEA, la empresa adjudicataria del transporte público por carretera en la comarca de Avilés, encajaron ayer con resignación y ciertas dosis de preocupación la noticia adelantada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA de que el único accionista de la compañía (Grupo Alsa) sopesa disolver la sociedad habida cuenta de sus problemas de liquidez y de la caída paulatina de cifra de negocio, lo que se traduce en pérdidas de entre 340.00 y 400.000 euros cada ejercicio. No obstante, antes de tomar una decisión tan drástica se podrían explorar otros dos escenarios: transmitir la propiedad a otra empresa gestora o inyectar dinero público, lo que señala directamente a la administración local avilesina, obligada por ley a prestar el servicio de transporte urbano.
En medios sindicales no se contempla siquiera la hipótesis de la disolución –“eso es un farol de Alsa”, manifestó uno de los miembros del comité– pero sí que se da por sentado que habrá que elaborar y ejecutar un plan de rescate “porque la empresa es deficitaria, algo que lleva advirtiendo el comité desde hace años”, manifiesta Javier Ubiaño, de la UGT. Y es ahí donde el comité pone “líneas rojas”: “Se meta otra empresa o se aplique un plan económico para hacer viable la compañía, que se olviden de plantear un descuelgue de convenio (el procedimiento legal que permite inaplicar las condiciones de trabajo pactadas en el convenio colectivo si se dan determinadas circunstancias previstas en la ley). Los trabajadores no somos el problema y en consecuencia no vamos a consentir que se nos penalice en la búsqueda de la solución”, avisa Ubiaño.
La presidenta del comité de empresa de la CTEA, Tina Martínez (CC OO), fija dos prioridades a tener en cuenta durante el proceso que se siga para dar estabilidad a la empresa: “Preservar el empleo y las condiciones laborales”. La sindicalista dice ser consciente de que “la empresa no va bien”, pero remarca que “tampoco va tan mal como el grupo propietario quiere hacer ver”. En opinión de Martínez, “el anuncio dado a conocer ayer a través del periódico es parte de la conocida estrategia de Alsa de echar la llorada para conseguir que le den dinero”.
El secretario regional de Transporte por Carretera de la UGT, Iván López, admite que la adjudicación del bus urbano comarcal “es deficitaria” y solo concibe dos formas de corregir ese problema: “Que la administración ponga dinero, como ocurre en otras localidades; o que se reduzca el número de viajes, lo que redundaría en una peor calidad del servicio”. López, en línea con el comité de la CTEA, advierte de que “se haga lo que se haga, los trabajadores no tienen por qué pagar los platos rotos”.
Por su parte, el gobierno avilesino, del PSOE, deja claro que no es partidario de dar dinero a la concesionaria del transporte urbano. Según el concejal de Movilidad, Pelayo García, “las aportaciones del Ayuntamiento de Avilés al transporte público son a través del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), nunca son aportaciones directas a las empresas. Nuestras aportaciones presupuestarias tienen como objetivo bonificar a los pasajeros”.
En concreto, las aportaciones municipales sufragan el Bono Joven en 0,90€ (IVA incluido). Además, para cualquier ciudadano mayor de 16 años el Ayuntamiento de Avilés abona la aportación que corresponde cada año (en este ejercicio es de 0,209226 euros) por cada viaje de una zona realizado utilizando títulos multiviaje del CTA. También se financia con cargo a las arcas municipales la gratuidad total de los viajes de una zona de los usuarios del transporte público menores de 16 años. Según Pelayo García, “es una realidad que existe un problema con el transporte público, provocado por la situación de crisis sanitaria, pero la solución no va a venir de forma individual desde el ámbito municipal ya que en nuestro caso se trata de un servicio que es interurbano”.
“Es un servicio esencial y esperamos que haya un acuerdo”
Los concejos de Castrillón y Corvera confían en que haya una pronta solución a los problemas que presenta la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés (CTEA), encargada del transporte colectivo entre los municipios de la comarca. La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero (IU), defendió que el “Ayuntamiento de Avilés ha de tener una posición firme porque es el municipio que tiene la competencia para ello”. “Es un servicio esencial para los vecinos de Castrillón y confiamos en que haya un acuerdo antes de la disolución; si no, tendríamos que buscar otras vías para mantener el transporte colectivo en autobús que opera en los municipios de la comarca y que comunica a los vecinos desde Los Campos, en Corvera, hasta Piedras Blancas, capital del concejo castrillonense”, añadió la Regidora.
En el mismo sentido opinó su homólogo de Corvera, Iván Fernández (PSOE): “El Ayuntamiento de Corvera desea una solución a los problemas de esta compañía por entender el transporte público y la movilidad como algo prioritario”. Fernández fue a más y manifestó que el Ayuntamiento que preside “nunca tuvo nada que ver con esa compañía”. “Nuestra vinculación, por las competencias que tenemos como municipio, con una población de menos de 20.000 habitantes siempre ha sido con el Consorcio de Transportes del Principado”, añadió el regidor corverano. Yasmina Triguero ahondó en esa circunstancia y pese a confiar en una pronta solución antes de acabar en la disolución de la CTEA no duda que el Consorcio de Transportes “debería estudiar otras vías como administración para mantener un servicio esencial para la comarca avilesina”.
La oposición avilesina urge dar prioridad al debate sobre el transporte
La oposición avilesina urge dar prioridad al debate sobre el transporte comarcal, un problema que viene muy de atrás y que se ha agudizado con las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. La fuerza más a la izquierda de la Corporación, Cambia Avilés (CA), advierte además que será contundente ante un posible “descuelgue de convenio”.
“Una gestión deficitaria de la empresa no puede suponer de ninguna manera un ataque a los derechos de los trabajadores y estaremos radicalmente en contra de estas acciones”, señaló la concejala Llarina González (CA), quien considera que “se ha ido dejando que el transporte público de nuestra ciudad se ahogase” y pone a Gijón, con una empresa pública, como ejemplo a seguir. “Con esta crisis se abre una oportunidad única en nuestra ciudad, afrontemos ese debate sin miedo”, zanjó.
“Este es un problema que viene de atrás porque el gobierno municipal no lo ha afrontado con seriedad; urge un replanteamiento económico y de estrategia del transporte urbano de Avilés y comarca”, opinó al respecto el edil y presidente del PP de Avilés, Pedro de Rueda.
Dar prioridad a solucionar los problemas del transporte público demandan también en Ciudadanos y Vox. “Debemos de apostar de una vez por todas por el transporte público y es el momento de hacerlo ya, dentro del Plan de Movilidad Urbana y por todas las partes implicadas”, señaló José Ferrera, concejal de la formación naranja. “Hasta 1,3 millones de aportación por parte del Ayuntamiento será insuficiente y esperemos que no sea el causante del descuelgue del convenio por parte de la empresa con el perjuicio para casi 60 trabajadores. Mal empezamos el plan de movilidad”, apuntó la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola.
