Desbloqueado el plan de Baterías tras el parón de los últimos dos meses por la denuncia presentada contra el exdirigente socialista Álvaro Álvarez por un presunto tráfico de influencias. El Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) ha aprobado la adjudicación provisional a la UTE Lezama-Los Álamos del contrato mixto de los trabajos de redacción de proyecto y ejecución de obra de desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de coque de Avilés (Asturias) tras no ver la Abogacía del Estado motivos legales para suspender el procedimiento.
El importe de la adjudicación es de 6,5 millones, la diferencia entre el importe global de la obra (13,7 millones, sin contar el IVA) y lo que se obtendrá por la enajenación de materiales y residuos (7,1 millones). Esta cifra es un 23% inferior al presupuesto base de licitación.
El Consejo de Administración de Sepides dio ayer el visto bueno a la adjudicación provisional del contrato de las Baterías tras las reuniones celebradas en los últimos días en Madrid. La UTE Lezama-Los Álamos dispone ahora de 10 días para presentar toda la documentación que se le pide en declaración responsable, el paso previo para la aprobación definitiva.
Como informó este periódico esta UTE partía como favorita. Según recoge el informe definitivo de valoración global, obtuvo finalmente 87,78 puntos sobre 100, Erri Berri 80,54 y la francesa Eiffage 35,75.
El plan para la demolición de las Baterías se reactiva, así, tras concluir la mesa de contratación que la investigación judicial en marcha afecta a terceros y, en ningún caso, al procedimiento que se suspendió temporalmente por precaución tras la denuncia presentada en Fiscalía contra Álvaro Álvarez. “No existen razones jurídicas que avalen la renuncia a la celebración del contrato o el desestimiento del procedimiento de contratación”, recoge el informe de la Abogacía del Estado. Y es que la Fiscalía no ha apreciado indicios de que los hechos denunciados hayan influenciado en el procedimiento.
Tanto los miembros de la mesa de contratación como los responsables de la valoración técnica de las ofertas se han reafirmado en esta última semana en el "cumplimiento escrupuloso de las normas que rigen el procedimiento y en la ausencia de injerencia alguna", cuestión esta última que ha ratificado un informe elaborado por el Comité de Prevención de Delitos de Sepides (sociedad propietaria de los terrenos de la extinta Ensidesa y de la que depende el PEPA).
El procedimiento de contratación que ahora se retoma había quedado suspendido en enero, tras denunciar la UTE que se ha llevado la adjudicación provisional que Álvaro Álvarez se ofreció a mediar en la licitación a cambio de una comisión del 1,5% del contrato. La Fiscalía considera que esta denuncia puede suponer un delito de tráfico de influencias y ha pedido que se cite a Álvarez a declarar ante un juez como investigado.
Un proyecto de 40 millones
El Proyecto para la transformación urbanística del ámbito de Baterías, valorado en unos 40 millones (tanto como lo que costó el Centro Niemeyer), se estructuró en cuatro grandes bloques. Se han llevado a cabo todos los trabajos correspondientes a la primera fase: se han contratado los servicios de mantenimiento, el de vigilancia y la asistencia técnica en materia de Prevención de Riesgos Laborales y el Plan de Autoprotección. También se han acometido las obras necesarias para independizar los suministros: eléctrico (en ejecución), agua, nitrógeno y el tratamiento de las aguas Pluviales potencialmente contaminadas.
La fase dos comienza con la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de desmantelamiento de las instalaciones y de la adjudicación, que ha estado parada hasta ahora mientras se esperaba un informe jurídico. En paralelo a este proceso de desmantelamiento, se desarrollarán los trabajos relacionados con la descontaminación y remediación de suelos y aguas subterráneas, enmarcados en la tercera fase.
Desde septiembre de 2019 se está trabajando en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, la cuarta fase. Se inició la tramitación urbanística y ambiental al final del primer trimestre de 2020 con el objetivo de alcanzar la aprobación definitiva de este instrumento de planeamiento en el primer trimestre de 2022. Con el planeamiento aprobado se procederá a la contratación del proyecto de urbanización y su tramitación, labores que se desarrollarán durante todo el año 2022 y mitad de 2023. Con el proyecto de urbanización aprobado, se podrán contratar y ejecutar las obras de urbanización. Este proceso se desarrollaría a lo largo de 2023 hasta principios de 2024.
