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Doble condena de cárcel por la muerte de un niño praviano de 5 años en una piscina de Riberas

El juez señala que la gerente de la granja-escuela no tomó medidas para reducir riesgos y le impone 18 meses de prisión y dos menos a la monitora jefe

La directora de la granja-escuela, una de las condenadas, llegando al juzgado durante el juicio. Mara Villamuza

La directora de la granja-escuela la Bouza de Riberas, en el concejo de Soto del Barco, ha sido declarada culpable del delito de homicidio por imprudencia grave, y como consecuencia de ello el magistrado titular de Juzgado de los Penal Número 2 de Avilés, José Carlos Martín, le ha condenado a 18 meses de cárcel. En la piscina de las instalaciones de ocio que coordinaba fue donde el 25 de julio de 2017 perdió la vida por ahogamiento el niño praviano de cinco años Izan Álvarez.

La que era monitora titular del centro también es culpable de homicidio por imprudencia y el juez le impone un año y cuatro meses de prisión. En concepto de responsabilidad civil, las dos mujeres tienen que indemnizar a los padres del niño en la cantidad de 150.000 euros. Las dos monitoras en prácticas y el dueño de la empresa, que también habían sido acusados, han quedado absueltos por no concurrir en ellos elementos suficientes para la condena. La sentencia no es firme; es decir, cabe recurso. La acusación particular pedía cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados y la Fiscalía, tres.

El juez señala en la sentencia que la directora incumplía la ley “desde hacía ya tiempo” porque asignó al grupo al que pertenecía Izan Álvarez (17 niños) una única monitora titulada, la que ha resultado condenada. La ley señala que le corresponde un monitor a cada grupo de diez niños. Señala también que en la piscina en que murió el niño “tampoco había socorrista alguno” y que eso es también irregular. Todo esto, además, había sido detectado por una inspectora de la Agencia de Sanidad del Principado de Asturias. En la sentencia, el juez reproduce parte de ese informe de la inspectora: “Las instalaciones de la piscina tienen una infraestructura antigua que en la actualidad resultan deficientes para su efectivo mantenimiento sin riesgos para la salud de los usuarios. Durante la temporada de este año 2017 se han de asegurar de que en el horario de apertura para el baño el salvamento esté presente”. Y, pese a ello, la directora no contrató socorrista.

La piscina de la granja-escuela de La Bouza. Mara Villamuza

Esto se suma al hecho, señala el juez, de que la directora conociera que el niño “no sabía nadar y tenía pánico al agua”. Esto no se lo dijo a sus empleadas “de forma adecuada”. Todo esto lo resume el juez diciendo que la gerente había “creado o incrementado el riesgo por una omisión precedente que se encontraba en su ámbito decisorio o de dominio”; es decir, que no hizo nada por solucionar los problemas detectados.

El juez señala que la directora conocía que el niño “no sabía nadar y tenía pánico al agua” y añade que esto no se lo dijo a sus empleadas “de forma adecuada”.

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Respecto de la monitora jefe, el juez le reprocha que dijera que no conocía la fobia al agua que padecía el niño. Y es que el día en que el niño perdió la vida era el quinto de Izan en las instalaciones. Además, subraya e intensifica, la declaración de la menor que descubrió a Izan muerto: “Las monitoras se encontraban en las hamacas, tomando el sol, y que solamente atendían a los niños cuando éstos gritaban”. Y apunta a este respecto: “Las objeciones de la defensa relativas a la supuesta ‘preparación’ de las declaraciones ofrecidas por la menor carecen del más mínimo sustento probatorio”.

Así que, escribe el juez, la monitora jefa actuó “omitiendo los más elementales deberes de cuidado y vigilancia, exigibles por su preparación profesional, por su condición de monitora titular de actividades recreativas y de entretenimiento y por sus obligaciones contractuales”, de tal manera que “no impidió que el menor Izan jugara a la pelota con otros niños en el borde de la piscina, en una zona donde la profundidad era de 160 centímetros, cuando el menor solo medía 120”. Y subraya: “La acusada incumplió sus deberes de cuidado y prescindiendo de la diligencia debida en su labor de vigilancia, permitió que menores de corta edad se desplazaran a la piscina grande mientras el resto de los niños del grupo permanecían jugando en la piscina pequeña”, concluye.

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