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Juan Carlos López Corbacho | Presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en La Coruña

“Alcoa encargó el trabajo sucio a sicarios del aluminio”

“Tras todo lo que ha pasado, lo lógico sería que la propia Alcoa requiriese la reunión de la Mesa de seguimiento de la venta, y de manera urgente”

Juan Carlos López Corbacho. | M. Villamuza

Juan Carlos López Corbacho (Ferrol, La Coruña, 1964) es colador de fundición de la planta de Alu Ibérica de La Coruña desde 1989. Actualmente preside su comité de empresa. Atendió a LA NUEVA ESPAÑA este martes pasado en la puerta del Ayuntamiento, al término del encuentro de las dos alcaldesas afectadas por la crisis del aluminio: Mariví Monteserín y la coruñesa Inés Rey.

–Usted defiende que la culpable de la crisis del aluminio es Alcoa.

–Hace veinte años, más o menos, esta multinacional compró once centros de trabajo en España; hoy sólo queda uno y está tambaleándose. Su estrategia es clarísima desde el primer día: conseguir un precio eléctrico buenísimo, asegurarse un rendimiento tremendo, dar traslado de esos beneficios a otras localizaciones para producir ahí y quedarse con nuestro mercado. A día de hoy, los parámetros de producción de aluminio primario son buenos para producir. A día de hoy, estaríamos en beneficios en las dos plantas, pero no se quieren arrancar. La gente que gestiona ahora las plantas es lo que yo llamaría sicarios, mercenarios al servicio de una multinacional que no quería hacer el trabajo sucio directamente y les ha contratado. Lo que no sé es el precio que tuvieron que pagar para que estos tipos estén aquí.

–O sea, que el aluminio primario sigue siendo negocio.

–En estos momentos, sí. Como le digo: los parámetros de producción así lo indican, aunque habría que resolver de una manera definitiva la estabilidad de los precios energéticos. Los valores del aluminio están en unos niveles que no se alcanzaban desde hace cuatro años. Pero aún tenemos sin regular la situación eléctrica para empresas hiperelectrointensivas y habría que hacer un esfuerzo. El Gobierno tiene que proponer una legislación algo excepcional para empresas como las nuestras, que nos dé la misma competitividad que otras factorías de Francia o Alemania. El negocio, claro que es rentable, pero estamos en mínimos históricos. Lo que quería Alcoa era cerrar, hacer desaparecer este mercado.

–El estatuto eléctrico, que iba a ser la madre del cordero, se quedó en nada.

–Había de entrada unas cien empresas que venían de la interrumpibilidad, de aquellos bloques de 90 megawatios/hora; ahora, al final, son seiscientas y pico empresas las que se metieron en este club de las hiperelectrointensivas. Esto lo dice todo. Aquí no se apuesta por la industria como la nuestra y eso es lamentable porque no somos un sector en declive, somos un sector estratégico y de futuro para el país: el aluminio cada vez se aplica más en la vida cotidiana. Así que no entendemos cómo es que se quiere destruir la producción de un sector tan importante cuando en otros países están arrancando lo poco que tienen. Hay que tomar una decisión política para salvaguardar la industria y crecer en torno a ella. Para nosotros, ya no es sólo algo estratégico, es vital.

–¿Siente que el Ministerio de Industria les bailó el agua?

–Está claro que nosotros hemos pasado por una situación que, en algunos aspectos, puede ser similar a la planta de San Ciprián, pero en otros aspectos no. En estos dos años hemos sufrido una situación electoral completamente rocambolesca en un contexto igualmente insólito. Hemos tenido un Gobierno que venía de una moción de censura, de ahí pasamos por dos elecciones generales con una investidura en el último segundo y fallida la primera. Y en esa situación tuvimos que sobrevivir y mantener las plantas. Ni el Ministerio de Industria ni las comunidades autónomas hicieron su trabajo en esta crisis. Teníamos una comisión de seguimiento del proceso industrial y no hemos tenido reuniones suficientes para hacer ese seguimiento. Cuando se detectó un problema como fue el de la reventa de las plantas apenas hubo encuentros para analizarlo. Así que por eso estamos en el ámbito judicial, porque las administraciones públicas no hicieron lo que debían. Pero el otro gran responsable, el mayúsculo, es Alcoa. La multinacional puso a mediados de abril de 2020 en entredicho la legalidad de la reventa, paralizó el flujo financiero y, días después, volvió a levantar la barrera de ese flujo sustentando a quien había ocupado las plantas de manera ilegal. Lo lógico sería, tras todo lo que ha pasado, que Alcoa requiriese la reunión de la Mesa de seguimiento de la venta de manera urgente, pero no lo hace. De este modo podría buscarse una salida, más allá de Parter, que había incumplido todos los acuerdos.

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