La directora de la granja–escuela la Bouza de Riberas (Soto del Barco), condenada a un año y seis meses de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave por el ahogamiento del pequeño Izan Álvarez en la piscina del centro en 2017, recurrirá la sentencia. Así lo confirmó ayer a este periódico su abogado, quien entiende que en el relato del fallo judicial “no se llega a explicar cómo acabó el niño en el vaso”. “Por tanto, no hay fundamentación para determinar a las condenadas como autoras del suceso. No tuvo nada que ver”, explicó el letrado defensor, que pedirá la absolución de su representada. Por este caso también resultó condenada a 1 año y 4 meses de prisión la que era monitora titular del centro. El fallo también las condena a pagar a medias una indemnización de 150.000 euros a los padres del niño.
La argumentación empleada por la defensa de la directora de la granja–escuela es clara. “Ni en la sentencia ni en los informes de la Guardia Civil se dice cómo tuvo lugar el suceso. No sabemos si es que el niño se cayó, si le pudieron empujar... No hay un relato concreto de cómo se llegó a ese momento”, explica el letrado sobre el luctuoso suceso, que tuvo lugar el 25 de julio de 2017. “Además, cuando ocurrieron los hechos, la directora estaba haciendo labores administrativas, no en la piscina”, agrega.
La defensa tampoco encuentra relación directa entre las irregularidades técnicas detectadas en las piscinas de la granja escuela –insuficiente separación entre el vaso infantil y el de adultos, carencia de señalética y ausencia de socorrista– y el fatal suceso. “No hubieran evitado el suceso. No sabemos ni si se podría haber evitado con un socorrista. Es cierto que hay un informe que señala deficiencias a subsanar en las piscinas, pero para el año siguiente, no para 2017. Además, la granja–escuela nunca fue sancionada por ello”, explica el abogado.
La defensa también rechaza que la responsabilidad de su representada en la gestión de la granja–escuela, pese a que el juez considera probado que tenía plenos poderes. “Ella manifiesta que no lo sabía y en ningún momento hizo uso de ellos, lo ponía todo en conocimiento del administrador de la empresa. Por otro lado, entendemos que el documento que acredita estos poderes es nulo”, abunda.
El letrado asegura que su representada está “muy afectada” por todo lo ocurrido. “Desde entonces entró en depresión. A día de hoy sigue estando atendida médicamente por ello”, afirma el abogado, que resalta la “buena fama” de la directora en el Bajo Nalón.
Presumiblemente, el recurso de la defensa de la directora no será el único que reciba la Audiencia Provincial. Los padres de Izan Álvarez ya han anunciado que apelarán el fallo, por considerarlo “muy liviano”. Según el abogado de la familia, pedirán penas más duras para las ya condenadas y también castigo para las otras dos monitoras y el administrador de la empresa, absueltos en primera instancia.
