El presidente de la asociación de vecinos de San Juan de Nieva culpaba ayer al tripartito castrillonense (IU, PSOE, Podemos) y, más concretamente, a la concejalía de Obra (que dirige el concejal socialista, Iván López) del retraso en la ejecución del nuevo saneamiento y la depuradora de aguas de la localidad. “Va en el cargo que los políticos seamos diana de los dardos acusadores de la culpabilidad, pero en este caso me atrevería a decirle al presidente de la asociación de vecinos de San Juan que la concejalía de Obras ha sido más la solución que el problema”, replicó el edil del PSOE.

“Como sabe el presidente de la asociación de vecinos de San Juan, el proyecto de saneamiento recibió alegaciones de Asturiana de Zinc (Azsa) y de un particular, vecino de la zona. Todas las alegaciones se estimaron y Aqualia –la empresa que gestiona el servicio municipal de aguas y que financiará las obras– tiene que presentar un anexo con los cálculos económicos para su incorporación al proyecto”, manifestó Iván López.

“Ya se han recibido las correspondientes autorizaciones de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y también de Costas, autorizaciones solicitadas por la concejalía de Obras en este mandato, el proyecto de saneamiento de San Juan está ahora mismo a la espera de su tramitación en el órgano administrativo correspondiente para sacarlo a información pública”, explicó el concejal.

“El cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos es la mejor garantía de que las obras que realizan las administraciones públicas acaben alcanzando el objetivo con el que se realizan, que no es otro que dar solución a los problemas de la ciudadanía. Por eso debemos ser escrupulosos en la obtención de los permisos necesarios, la admisión de posibles alegaciones y en la adecuación del proyecto a lo que recojan las resoluciones que, en su caso, se acepten”, dijo.

La ejecución del nuevo saneamiento de San Juan y de la depuradora fue aprobada en 2018. Las obras tenían entonces un presupuesto de 317.285 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Los vecinos se declaran “hartos” de la espera.