El Secretario General de Industria, el socialista Raúl Blanco, abandonó ayer por unos minutos su despacho ministerial para bajar a la “arena” del Paseo de la Castellana, donde se habían concentrado los comités de empresa de Alu Ibérica en Avilés y La Coruña y dijo que sí, que iba a reunir la Mesa del Aluminio. “Pero lo que no dijo es cuándo”, señaló contrariado José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del órgano de representación de los trabajadores en la fábrica de San Balandrán. Matizó Blanco, eso sí: “Os daremos una respuesta rápida”. Y los trabajadores vieron en esta intervención una falta de concreción de tal calibre como para conseguir que aumente el desaliento de los quinientos y pico trabajadores que están siendo consumidos por la polémica gestión de las fábricas que está haciendo la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, que ya hace un año se presentó por sorpresa en una reunión telemática diciendo que acababa de adquirir el 74,9 por ciento de las fábricas al fondo suizo Parter que, a su vez, se lo había comprado a Alcoa el 31 de julio de 2019.
“Actualmente, no hay fábricas, las plantas están totalmente rotas. La situación es caótica: no tenemos plan industrial, no tenemos ningún tipo de actividad. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es solicitar que se convoque la Mesa del Aluminio, la estatal, en la que están las comunidades autónomas y estamos nosotros, para dar una solución a este desaguisado”, señaló De la Uz a los periodistas que se concentraron delante de la puerta del Ministerio de Industria. Media hora después fue cuando Blanco bajó a la calle en compañía de su director general de Industria y les dijo a los presidentes de los comités que sí, que iba a haber mesa. “Pero nada más. Hablamos de quién es para nosotros el responsable de todo esto y coincidimos en que es Alcoa. Le pedimos que explicara qué solución ve, pero no dijo nada. Y eso, de verdad, nos dejó profundamente preocupados”, señaló el líder sindical.
Para los trabajadores la solución a la crisis –de impagos, de producciones fantasma, de retrasos, de persecución a la actividad sindical– “va porque la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) actúe de verdad y se haga cargo de las plantas”; es decir, porque se haga con el control de una compañía que en manos de Víctor Rubén Domenech está en sus horas más bajas. Se da la circunstancia, además, de que el último plazo del dinero comprometido por la multinacional Alcoa para el comprador de sus fábricas llega ahora, este mismo mes de abril.
El motivo de la concentración de los trabajadores delante de las oficinas del Ministerio de Industria, dijo De la Uz, “es acabar con el desdén” del Gobierno. “Las federaciones estatales habían reclamado la convocatoria de la Mesa y, ante la nula recepción de Industria, aquí estamos, los comités, para pedírselo en persona”, señaló el líder de los trabajadores de San Balandrán.
“Estamos financiados por Alcoa y lo estamos para sostener una inactividad manifiesta. En el momento en que Alcoa deje de pagar, esto ya está roto: no habrá ninguna solución. Tenemos unos presuntos delincuentes en la fábrica. La Policía Nacional ha entrado en las fábricas, nos están investigando. Estamos escuchando todo tipo de delitos así que todo está roto”, manifestó De la Uz.
Blanco dijo estar al cabo de la calle de todo eso. Sin embargo, no abundó en la materialización de un compromiso y eso, dicen los trabajadores, genera “preocupación y miedo”. El arma que le queda a los trabajadores es la vía judicial: el día 20 de mayo está previsto el juicio por la vía social (la reclamación de devolver el acuerdo a su punto de origen). Y la semana próxima, está previsto que el Ministerio de Trabajo (Podemos) escuche las reclamaciones laborales de las plantillas.
