El comité de trabajadores de la fábrica avilesina de Alu Ibérica ha registrado en poco más de un año más denuncias ante la Inspección de Trabajo de Asturias –una veintena– que durante la última década en la que la multinacional Alcoa fue propietaria de la empresa. El inédito número de denuncias laborales coincide en el tiempo con la toma de control de la fábrica por parte del actual gestor, Grupo Industrial Riesgo, y en opinión de los representantes sindicales “da idea de cómo de mal se está gestionando la empresa”. A semejanza de lo que ocurre en Avilés, el comité de Alu Ibérica en La Coruña también promovió un largo listado de denuncias, la mayoría sin resolver.
Lo atípico de esta situación motivó, ayer, que la mismísima directora general de Trabajo, Verónica Martínez Barbero, (responsable del funcionamiento de la Inspección de Trabajo) concediera audiencia a los miembros de los dos comités de empresa de Alu Ibérica dando a sus miembros la oportunidad de explicarle el “preocupante” rumbo que llevan las fábricas, en las que Alcoa dejará de inyectar dinero el próximo 31 de julio y sin visos de que el actual propietario tenga ni capacidad ni intención de reflotarlas.
“Fundamentalmente, lo que pedimos a la directora general de Trabajo es que nos apoye en la medida de sus posibilidades, que sume a favor de salvar las fábricas, aunque sabemos que esa decisión compete a otro ministerio, al de Industria”, explicó José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), presidente del comité de la fábrica avilesina de aluminio. El sindicalista no quiso perder la ocasión de agradecer la deferencia ministerial: “Al menos, en Trabajo tuvieron a bien recibirnos y escucharnos, no como en otros ministerios o estamentos regionales (en alusión a Presidencia del Principado) cuyas puertas siguen cerradas para nosotros”.
Aparte de “sumar”, así sea simbólicamente, al Ministerio de Trabajo a su causa pro salvación de las fábricas de Alcoa de Avilés y La Coruña, los miembros de los comités plantearon a la directora general de Trabajo “la conveniencia de acelerar todo lo posible los expedientes abiertos, unificar de algún modo la gestión del paquete de denuncias referido a Alu Ibérica y coordinar el trabajo de las inspecciones de Trabajo de Asturias y Galicia en todo lo referido a esta empresa”, según detalló Gómez de la Uz.
Las denuncias que presentaron los representantes de los trabajadores en los últimos meses tienen motivaciones diversas: retrasos en el pago de salarios, incumplimientos de acuerdos incluidos en el convenio colectivo, negación de derechos fundamentales (como el acceso a las cuentas de la empresa), ausencia de carga efectiva de trabajo, fallos de seguridad, represalias por el ejercicio de la acción sindical... La Inspección de Trabajo de Asturias, hasta la fecha, solo ha emitido dos actas sancionadoras: una por la falta de carga de trabajo efectiva y la otra, por retrasos en el pago de las nóminas.
