Tres agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés se enfrentan a una suspensión de empleo y sueldo de entre cinco días y tres meses por lo que, en el régimen disciplinario del cuerpo, se considera una falta grave. Los afectados comentaron hace algo más de un año, en un chat privado, la comparecencia del jefe de Policía que formaba parte del gabinete de crisis de Moncloa desde el que se informaba a diario de la evolución de la pandemia junto a otros responsables del Gobierno. Un error en la transmisión del informe diario por parte del citado cargo, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, desembocó en la clásica chanza ante el error involuntario que se deslizó en plena intervención pública desde Moncloa. Los integrantes del citado chat, entre los que se encontraban los tres agentes avilesinos y varios compañeros más de la Comisaría, aludieron en días posteriores a aquellas equivocaciones del DAO.
“Todo sucedió en un contexto privado, en un chat que llevaba tres años abierto”, relatan los agentes. Se da la circunstancia de que los tres son miembros activos del sindicato Jupol, el mayoritario dentro de la Policía Nacional. “Al final lo que buscan es amedrentar”, sostienen. El secretario nacional de Jupol, Chema García, recuerda que la conversación se desarrolló en un espacio fuero del ámbito de trabajo. El chat de WhatsApp aludido llevaban funcionando ya tiempo antes del incidente. Uno de los superiores que estaba en el mismo grupo fue quien dio parte de la supuesta “falta grave” de los agentes. Y los tres, marcados significativamente con la reivindicaciones que se realizan desde Jupol, entienden que la propuesta de sanción responde a un “hostigamiento” por su labor sindical.
Los agentes de la Comisaría de Avilés son conocidos en toda España por su tesón y entrega en pos de conseguir mejoras laborales y salariales. Los sancionados suman una trayectoria intachable en el cuerpo de 30, 40 y 26 años, incluso distinguidos con la medalla blanca al mérito policial. “¿Qué falta hay en una conversación en el ámbito privado?”, se preguntan los afectados, “jamás dimos problemas, somos combativos para defender nuestros derechos, nada más”, sentencian.
Al malestar generado por los expedientes abiertos en la Comisaría de Avilés se suma el hecho de que la persona que dio parte de los hechos habría sido “premiada”, dicen, con el destino de una embajada tiempo después. Entre tanto, los afectados han tenido ya que comparecer ante sus superiores tras la recepción de los expedientes. “Nos tenían ganas”, reflexionan sobre las consecuencias de lo que ellos consideran un comentario inocente que no va más allá de cualquier otro chat privado con un grupo de amigos.
Secreto profesional
Consultada la Jefatura Superior de Policía de Asturias acerca de estos hechos, apelaron al secreto profesional que rige el Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía para no revelar más información. Únicamente señalaron que la Ley Orgánica que regular ese régimen disciplinario se ajusta a los principios de legalidad, impulso de oficio, imparcialidad, agilidad, eficacia, publicidad, contradicción, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y concurrencia. Y recordaron asimismo que también comprende esa misma norma los derechos a la presunción de inocencia, información, defensa y audiencia.
El PP llevará el caso al Congreso
Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés recordó ayer que los agentes denunciados “participaron en un chat de WhatsApp privado cuando dijeron lo que dijeron”. Esto, el hecho de que sea privado, es fundamental para la concejala. “Defendemos la libertad de expresión”, señaló. La Policía Nacional, sin embargo, no es de la misma opinión. Ha expedientado a tres profesionales que “tienen 200 felicitaciones públicas por su trabajo, pero son sindicalistas en el sindicato Jupol. ¿Será por eso que los sancionan?”, se preguntó Llamazares e inmediatamente se dio ella misma la respuesta: “Es una represalia”.
Las diputadas populares Paloma Gázquez (Asturias) y Ana Vázquez (Orense) han decidido llevar estos casos al Congreso. Lo van a hacer en forma de preguntas al Ministro aludido. Las dos representantes públicas son de la misma opinión que Llamazares (es lícito opinar sobre todo y todos cuando se hace en el ámbito privado). Insinúan que quien filtró la conversación es otro agente (incluido en el mismo chat) al que, según Gázquez y Vázquez, se le ha premiado “presuntamente con una Embajada”.
“Nosotros no justificamos el insulto al Ministro, pero recalcamos que lo hicieron en el ámbito privado”, destacó la concejala. Se da la circunstancia de que los expedientes (de empleo y sueldo) pueden afectar de manera negativa a sus próximos retiros profesionales (todos tienen experiencia de décadas y cuentan con las condecoraciones correspondientes que acreditan la profesionalidad). Lo que reclaman los populares es evitar que los mandos del Ministerio del Interior lleven “a los agentes a la sumisión”.
El sindicato Jupol, lo recuerdan Gázquez y Vázquez, “es el mayoritario en la Policía”.
