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Alu Ibérica, intervenida judicialmente

La magistrada María Tardón Olmos, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y a la vista de indicios delictivos, adopta medidas para salvaguardar los activos de la factoría de aluminio

La Policía toma las fábricas de Alu Ibérica por presunta "despatrimonialización fraudulenta"

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón Olmos ha decretado la intervención judicial de la planta avilesina de Alu Ibérica (antigua Alcoa) y su gemela de La Coruña. La decisión viene derivada de la investigación abierta tras la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña.

La querella se presentó por hechos que, a juicio del querellante, son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group. Estas son, precisamente, las sociedades que han quedado ahora intervenidas.

En el auto, la magistrada Tardón decreta designar como administradores judiciales a funcionarios de la Intervención General de Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social. Esta intervención judicial se desarrollará por un período de seis meses. De esta forma se requerirá la autorización del interventor para todas las operaciones de las sociedades Iberian Green Aluminium Company (antigua System Capital Management), Alu Holding LC Spain SLU, Alu Holding AVL 2019 Spain SLU.

Desde ahora, se requerirá la autorización del interventor para todas las operaciones de las sociedades Iberian Green Aluminium Company (antigua System Capital Management), Alu Holding LC Spain SLU, Alu Holding AVL 2019 Spain SLU.

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La tutela judicial de la fábrica implica, a efectos prácticos, que quedan suspendidos cautelarmente determinados contratos de compraventa, que pasa a ser efectivo el embargo preventivo de bienes y que se prohíbe la disposición de activos, entre otras medidas garantistas como cualquier movimiento económico por valor de más de 20.000 euros. Así mismo, el interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones.

El pasado mes de marzo la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entró en las fábricas de Avilés y La Coruña para avanzar en una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella de la Confederación de Cuadros Profesionales, para el esclarecimiento de los hechos y para resolver las diligencias pedidas por los querellantes.

Aquella intervención policial derivó en cuatro personas detenidas tras el registro las instalaciones de Alu Ibérica en Avilés y La Coruña, anteriormente propiedad de Alcoa, así como varias oficinas de Madrid, Málaga y Castellón para investigar la presunta despatrimonialización fraudulenta de las factorías alumineras. Con posterioridad, esas personas fueron puestas en libertad con restricciones a su movilidad internacional y obligación de comparecer periódicamente en los juzgados.

La medida fue instada por la Fiscalía Anticorrupción y defendida como necesaria por los querellantes, la Confederación de Cuadros Profesionales y demás sindicatos adheridos (CC OO, la UGT y USO)

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La intervención judicial es una medida cautelar que puede adoptarse sobre la base legal del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se contempla como primeras diligencias a practicar en el marco de una causa penal, entre otras, la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el delito. En el caso concreto de Alu Ibérica, la medida fue instada por la Fiscalía Anticorrupción y defendida como necesaria por los querellantes, la Confederación de Cuadros Profesionales y demás sindicatos adheridos (CC OO, la UGT y USO).

Una pasada concentración de trabajadores de Alu Ibérica

El auto de intervención judicial de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña al que ha tenido acceso este diario explicita que a tenor del contenido de las primeras investigaciones realizadas respecto a la querella presentada contra los gestores de Alu Ibérica y varias sociedades intervinientes en el proceso de venta, "se ha podido constatar la verosimilitud de los hechos recogidos en la querella", que refieren la existencia de diversas irregularidades en la venta de los centros de producción de aluminio de Avilés y La Coruña-Asturias incumpliendo así supuestamente los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial y con la propia representación de los trabajadores, perjudicando los intereses de los trabajadores y acreedores de los citados centros.

El importe establecido para la reventa a Grupo Riesgo (13 millones de euros) fue satisfecho por la compradora con fondos procedentes de los “préstamos” que los propios centros de producción le concedieron

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En concreto, del recorrido que lleva la investigación se concluye que la transmisión a Grupo Riesgo de las participaciones sociales de las antiguas fábricas de Alcoa se culminó por un precio muy superior al que fue abonado por Blue Motion Technologies A.G. (propiedad de Parter Capital Group) unos pocos meses antes. Así, cuando en el mes de junio de 2019 Grupo Industrial Riesgo adquirió a través de Alu Holding AC Spain SLU y Alu Holdind AVL 2019 Spain SLU el 100 por ciento del capital social de Alcoa Inespal Avilés S. L. y Alcoa Inespal La Coruña S. L., ambas por un precio total de 1 dólar americano, el 75 por ciento de esas sociedades fue vendido en el mes de marzo del siguiente año a System Capital Management (Grupo Industrial Riesgo) por valor de 13 millones de euros. Además, el importe establecido fue satisfecho por la compradora con fondos procedentes de los “préstamos” que los propios centros de producción le concedieron a instancias de la sociedad suiza que, como administradora única, otorgó a la compradora con carácter previo a la venta.

Blue Motion Technologies, según el auto, enajenó los centros de producción a la mercantil System Capital Management "incumpliendo de forma meridiana los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial (Alcoa Inespal)"

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De esas maniobras, los investigadores concluyen que apenas 7 meses después de hacerse con las antiguas fábricas de Alcoa, Blue Motion Technologies enajenó los centros de producción a la mercantil System Capital Management, "incumpliendo de forma meridiana los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial (Alcoa Inespal), en perjuicio, pues, de las posibilidades de financiación de la actividad, en principio sujeta al cumplimiento de los mismos".

En resumen, la magistrada reseña que los hechos objeto de investigación "revelan en forma indiciaria la presunta comisión de delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones y el consiguiente blanqueo de los ilícitos capitales detraídos sin perjuicio de ulterior calificación".

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