El procedimiento judicial abreviado sobre la presunta venta fraudulenta de las fábricas de Alcoa de Avilés y La Coruña que instruye la juez de la Audiencia Nacional María Tardón Olmos deparó ayer un giro de guión al incierto devenir fabril. La magistrada decretó la intervención judicial de la planta avilesina de Alu Ibérica (antigua Alcoa) y también de su gemela de La Coruña a la vista de indicios que apuntan, cuando menos, a prácticas de saqueo y descapitalización de la empresa. La intervención judicial se enmarca en la investigación abierta tras la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña.
A juicio del querellante compartido por la Fiscalía, existen indicios de delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. La acción se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group. Estas son, precisamente, las sociedades que han quedado ahora intervenidas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por decisión de la juez Tardón.
Fuentes del Ministerio de Industria valoran como “importante y positiva” la intervención judicial de Alu Ibérica, “un hecho que se produce gracias a la personación del Ministerio de Industria en el proceso”. Desde el equipo de Reyes Maroto, se destaca que “con la decisión de la Audiencia Nacional se evita la posible destrucción de pruebas y la expoliación o vaciamiento de las fábricas de Avilés y La Coruña, ya que no podrán hacer pagos o cobros de más de 20.000 euros sin autorización del interventor judicial o de la magistrada”. Ante el nuevo escenario, Industria hace una llamamiento a la unidad: “Ahora es momento de trabajar juntos, administraciones y sindicatos, para garantizar el futuro de las dos plantas”.
La multinacional Alcoa, propietaria original de las plantas, expresó su “respeto” por las decisiones judiciales y reseñó que mantiene una actitud “cooperativa” con la Justicia. Así mismo, el gigante del aluminio recuerda que vendió las plantas de Avilés y La Coruña en 2019 a Parter Capital Group “con el aval del Gobierno español y el apoyo de los representantes de los trabajadores”.
En el seno del comité de empresa de Alu Ibérica, donde están representados CC OO, UGT, USO y la Asociación Profesional de Cuadros, las reacciones fluctuaron entre el alivio “porque alguien frene los pies a los piratas que están al mando de la fábrica”, la cautela “porque la intervención judicial, siendo positiva, no despeje el futuro industrial” y la satisfacción de que “la Justicia ratifica la existencia de fundamento en las denuncias formuladas durante los últimos meses por el comité”. Desde Grupo Industrial Riesgo el único comentario realizado fue para comunicar que el auto de la Audiencia Nacional ha sido entregado al equipo jurídico de la sociedad para su análisis.
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, hizo las siguientes manifestaciones: “Afortunadamente, el Estado funciona y, en este caso, la administración de justicia ha intervenido ante una situación muy preocupante para los trabajadores y para el entorno de la empresa. Es un momento de esperanza y una oportunidad que abre el camino para retomar la búsqueda de un proyecto industrial de futuro. Es importante que, llegados a este punto, haya una coordinación entre la judicatura y los mecanismos de que disponen tanto la SEPI como el Ministerio de Industria para buscar una salida que garantice un nuevo proyecto industrial para asegurar la continuidad de la planta de Avilés y de sus trabajadores”.
El auto de intervención judicial de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña explicita que “se ha podido constatar la verosimilitud de los hechos recogidos en la querella”, que refieren la existencia de diversas irregularidades en la venta de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña.
En concreto, del recorrido que lleva la investigación se concluye que la transmisión a Grupo Riesgo de las participaciones sociales de las antiguas fábricas de Alcoa se culminó por un precio muy superior al que fue abonado por Blue Motion Technologies A. G. (propiedad de Parter Capital Group) unos pocos meses antes. Así, cuando en el mes de junio de 2019 Grupo Industrial Riesgo adquirió a través de Alu Holding AC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain SLU el 100% del capital social de Alcoa Inespal Avilés S. L. y Alcoa Inespal La Coruña S. L., ambas por un precio total de 1 dólar americano, el 75% de esas sociedades fue vendido en el mes de marzo del siguiente año a System Capital Management (Grupo Industrial Riesgo) por 13 millones de euros. Además, el importe establecido fue satisfecho por la compradora con fondos procedentes de los “préstamos” que los propios centros de producción le concedieron a instancias de la sociedad suiza que, como administradora única, otorgó a la compradora con carácter previo a la venta.
De esas maniobras, los investigadores concluyen que apenas 7 meses después de hacerse con las antiguas fábricas de Alcoa, Blue Motion Technologies enajenó los centros de producción a System Capital Management, “incumpliendo de forma meridiana los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial (Alcoa Inespal), en perjuicio, pues, de las posibilidades de financiación de la actividad, en principio sujeta al cumplimiento de los mismos”.
En resumen, la magistrada reseña que los hechos objeto de investigación “revelan en forma indiciaria la presunta comisión de delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones y el consiguiente blanqueo de los ilícitos capitales detraídos sin perjuicio de ulterior calificación”.
¿Qué es la intervención judicial?
Se trata de una medida cautelar que puede adoptarse sobre la base legal del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla como una de las primeras diligencias a practicar en el marco de una causa penal la de proteger los intereses de los perjudicados por el delito.
¿Quiénes han instado esta medida cautelar?
En el caso concreto de Alu Ibérica, la medida fue instada por la Fiscalía Anticorrupción y defendida como necesaria por los querellantes, la Confederación de Cuadros Profesionales y demás sindicatos adheridos (CC OO, la UGT y USO).
¿Cuál es el antecedente de la decisión judicial?
Una querella de la Confederación de Cuadros Profesionales dirigida contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña. El hombre que figura a la cabeza de todo el entramado es el ciudadano argentino Víctor Rubén Domenech, que también usa el nombre de David.
¿Cuánto tiempo dura?
Esta intervención judicial se desarrollará por un período de seis meses, prorrogable en periodos iguales.
¿Quiénes quedan a partir de ahora al mando de las fábricas?
En el auto que pone en marcha el proceso de tutela de las fábricas de Alu Ibérica, la magistrada María Tardón Olmos designa como administradores judiciales a funcionarios de la Intervención General de Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social.
¿Qué alcance societario tiene la intervención judicial?
Por orden de la juez se requerirá la autorización del interventor para todas las operaciones de las sociedades Iberian Green Aluminium Company (antigua System Capital Management), Alu Holding LC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain SLU.
