El comité de trabajadores de la fábrica avilesina de Alu Ibérica (antigua Alcoa) celebra la intervención judicial de la factoría que ha ordenado la juez de la Audiencia Nacional María Tardón en la presunción de que en el proceso de venta de la misma se pueden haber cometido varios delitos económicos, pero echan de menos medidas complementarias al control financiero. En concreto, los representantes de la plantilla piden la intervención técnica de la fábrica; esto es, la inhabilitación de los gestores bajo sospecha para todo lo relacionado con la producción de aluminio. “Habría que quitarles hasta las llaves, porque tienen mucho peligro”, resume uno de los miembros del comité de la fábrica.
Los sindicalistas de Alu Ibérica exponen que tanto o más importante que vigilar los movimientos de dinero “si es que queda algo a estas alturas” es “asegurarse de que las decisiones que se tomen relacionadas con la producción no sean dañinas para los equipos e instalaciones”. Y esto porque la complejidad de una fábrica como la de San Balandrán es tal que “la toma de decisiones contraproducentes podría causar daños irreversibles o impedir la deseada recuperación, algún día, de la normalidad productiva”. Igualmente, se teme que la ya exigua producción de aluminio vaya aún a menos, lo que reduciría los ingresos de la planta condenándola a la asfixia económica cuando Alcoa deje de inyectar dinero el próximo 31 de julio.
La dirección de Alu Ibérica, a nivel interno mediante una circular enviada a los trabajadores por la directora ejecutiva, Alexandra Camacho (una de las investigadas por la juez Tardón), y de cara a la opinión pública con un comunicado, recalca que la producción de aluminio en las plantas intervenidas “sigue su curso y funcionamiento ordinario y se mantendrá como estaba previsto”. La intervención judicial, a juicio de Grupo Riesgo (propietario de Alu Ibérica), “no representa un cambio en la gestión ni en el funcionamiento ordinario de las plantas, ni en sus ordinarias transacciones comerciales, pudiendo mantener el avance del plan industrial diseñado en forma y fondo”.
La sociedad intervenida muestra “su máxima disposición a colaborar con la justicia en todo momento y a facilitar cuanta información proceda para ayudar en el entendimiento de la adquisición de las plantas de producción de aluminio y demostrar su correcta administración” y considera que el trabajo diario con el equipo interventor “nos permitirá demostrar la buena fe y el trabajo diligente” que ha presidido sus acciones.
En nombre del Principado, ayer habló la directora general de Industria, Rosana Prada, para “celebrar” como “un gran paso adelante” la decisión judicial de intervenir la fábrica de aluminio pues la misma “evitará que se realicen operaciones en detrimento de la planta y abre una vía para reconducir la actividad productiva y mantener el empleo”.
El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Luis Noguera, valora la intervención judicial de Alu Ibérica “porque rompe una dinámica que cada vez hacía más difícil el mantenimiento de la producción de aluminio en la comarca”. Es también, añade, “un motivo de esperanza para los trabajadores y las empresas subcontratistas. Pero aún queda mucho trabajo por hacer: gestionar desde el Ministerio de Industria, mucho mejor que hasta ahora, la entrada de un proyecto industrial serio y que aproveche al máximo las potencialidades de la planta de San Balandrán”.
Y es ahí, en la “solución industrial”, donde ponen el foco los sindicatos. Desde el comité de trabajadores hacen ver que la intervención judicial, siendo oportuna, no despejará la incógnita del futuro de la fábrica. La reclamación de que se reúna con urgencia la Mesa del Aluminio tras un año desactivada y el llamamiento a que la SEPI tome el control de las plantas cobra de nuevo fuerza.
La juez concede plenos poderes a los “hombres de negro” de la Administración del Estado
Los técnicos de la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, y los de la Intervención General de la Seguridad Social que llevarán a cabo el mandamiento de intervención judicial de Alu Ibérica y sus sociedades afines ya han sido bautizados por algunos trabajadores de la fábrica avilesina de aluminio como los “hombres de negro”, por la similitud entre su función y la de los inspectores que envían periódicamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo a España a hacer el examen anual de su economía, los apodados “men in black”. Esos expertos en gestión contable, control financiero y auditoría empresarial entrarán en Alu Ibérica con carta blanca de la juez María Tardón para acceder a todo tipo de información, moverse a su antojo, hablar con cualquier empleado y exigir informes de todo tipo, en especial relacionados con la tesorería. El alcance de las acciones de los “hombres de negro” abarca tanto el día a día de la empresa intervenida en cualquier operación por importe superior a 20.000 euros como los actos jurídicos de las seis sociedades que constituyen la estructura creada por Grupo Industrial Riesgo para operar en el sector del aluminio.
