La orden la Audiencia Nacional de la intervención judicial de las plantas de Avilés y La Coruña de Alu Ibérica por indicios de saqueo de la fábrica es una decisión “garantista” y que ofrece “mayor protección para los trabajadores”, subrayó el secretario general de Industria, Raúl Blanco, pero esa iniciativa de la juez María Tardón lleva aparejada otra nada favorable, a juicio de los trabajadores: la exclusión de la posibilidad de intervención de la SEPI para salvar a la empresa. El representante estatal detalló en una entrevista radiofónica en Galicia que “al estar en marcha un proceso judicial” no cabe “ninguna afirmación más”. Esto es, el Ministerio de Industria descarta que la SEPI rescate a Alu Ibérica por estar intervenida judicialmente.
La postura del Gobierno obtuvo una réplica inmediata de los trabajadores. El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, acusó al secretario general de Industria, Raúl Blanco, de volver a engañar a los trabajadores. De la Uz, que participó ayer en el tercer congreso de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Asturias, se mostró decepcionado con la valoración del Gobierno sobre la situación de la empresa. “Nos llevan mintiendo en todo el proceso, que dejen de jugar con nosotros”, se lamentó De la Uz.
Blanco abundó al hilo de la situación que ahora se presenta para la antigua Alcoa que se debe “respetar el proceso judicial y ver cómo evoluciona”. A su juicio, “el escenario actual –con las plantas intervenidas judicialmente– es más garantista para los trabajadores”, insistió. “No fue una venta pública, de ahí nuestra prudencia”, dijo el secretario de Industria sobre el traspaso sucesivo de las fábricas de Avilés y La Coruña, primero al fondo suizo Parter, y de este a la sociedad Grupo Riesgo Industrial. “Se decidirá quien fue el responsable”, señaló ante el proceso abierto en la Audiencia Nacional.
La decisión judicial de este martes viene derivada de la investigación abierta tras la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña. La tutela judicial de la fábrica deja en suspenso, entre otras cuestiones, cualquier movimiento económico por valor de más de 20.000 euros.
Exigen el pago de las aportaciones de la caja social de marzo a mayo
El comité de empresa de la fábrica de Alu Ibérica de Avilés ha presentado una reclamación formal a la dirección para que dé cumplimiento al acuerdo del servicio de bar-comedor en las instalaciones de San Balandrán. La aportación económica para este fin era de 36.000 euros, según el acuerdo que data del año 2005. Esa cantidad incluía una actualización anual de acuerdo con el IPC y que se abonaría en el primer semestre del año. Dicha aportación debía realizarse en la cuenta de la caja social del comité de la fábrica de Avilés. Los trabajadores recuerdan asimismo a los actuales gestores de las plantas, intervenidas judicialmente, que no se han abonado las aportaciones a la caja social correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de este año.
La Caja Social es una asociación sin ánimo de lucro que está formada por trabajadores de Alu Ibérica y, antes, de Alcoa. Cada trabajador que elige participar de ella abona retraída de su nómina mensual la cotización correspondiente. La empresa, según recoge el convenio, tiene que hacerse cargo de parte de las facturas correspondientes a los fines a los que se destine esa caja social. Este beneficio está recogido en el convenio en compensación por la suspensión de las colonias infantiles que organizó durante años la multinacional Alcoa, la anterior propietaria de las instalaciones de la aluminera en Asturias y Galicia.
La juez busca el origen de los 13 millones de la venta
Arrojar luz acerca de dónde salieron los 13 millones de euros de la operación de compraventa de las plantas de Alu Ibérica por parte de Grupo Riesgo es uno de los objetivos de la investigación en marcha por la Audiencia Nacional. La juez María Tardón señalaba en el auto que decreta la intervención judicial de las fábricas de Avilés y La Coruña que, además de “incumplir de forma meridiana los acuerdos alcanzados” con la propietaria de las plantas en origen, Alcoa, la sociedad instrumental (System Capital Management) que utilizó Grupo Riesgo para la transacción posterior “no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial”. Queda por concretar ahora cómo System Capital Management, una empresa con un capital social de 3.000 euros, pudo hacer frente al coste de la transmisión de las plantas de producción, estimado en 13 millones de euros, según recoge el auto. Además, abunda la juez María Tardón, todo se realizó “con fondos procedentes de los ‘préstamos’ que los propios centros de producción le concedieron a instancias de la sociedad suiza (Parter) que, como administradora única, otorgó a la compradoras con carácter previo a la venta”. De esta forma, la magistrada concluye que se identifica una operación “que evidenciaría la descapitalización de la empresa, además de la imposibilidad de contribuir a reflotarla”. La intervención policial de hace un mes en Alu Ibérica acabó con tres miembros de la cúpula de la compañía detenidos.
Pago de nóminas pendientes el día de la intervención
Los trabajadores que tenían pendiente el ingreso de las nóminas vieron cumplido este objetivo precisamente en la misma jornada en que se decretaba la intervención judicial y, por tanto, el control financiero, de las plantas de Alu Ibérica de Avilés y La Coruña. La entrada en las cuentas de los trabajadores se realizó el martes. La plantilla cree que será el último ingreso y ahora temen “decisiones graves”. No en vano, los costes salariales se llevan uno de los tres millones de euros del último ingreso, lo que hace pensar que, de no tener que realizar otros pagos, se llegaría al 31 de julio próximo, fecha en que expira el período en el que está asegurado el cobro de los salarios y el mantenimiento del empleo en ambas factorías en base a los acuerdos firmados en su día entre Parter y Alcoa, que comprometió ayudas por valor de unos 90 millones de euros. “Esperamos que la llegada del interventor sirva para tomar decisiones que aún no se han tomado”, proclaman los representantes de la plantilla, en relación a lo que ellos consideran “un control adecuado” de la empresa. Las mismas fuentes recuerdan que la buena voluntad expresada por los gestores de Grupo Riesgo, quienes además de ofrecerse a colaborar con la justicia, prometieron mantener el “funcionamiento ordinario” de las plantas, no se está cumpliendo. Y dan cuenta de ello con las dos coladas diarias que se realizan en la planta de San Balandrán frente a la veintena de la etapa de normalidad en la producción.
