Los representantes legales de Grupo Industrial Riesgo, la entidad comercial que se hizo con el control de las fábricas de aluminio de Avilés y de La Coruña, dicen sentirse víctimas de un “contubernio sindical” en su desempeño al frente de las sociedades que explotan las dos fábricas que adquirieron en el mes de abril de 2020 al fondo suizo Parter Capital que, a su vez, había hecho lo mismo (en julio de 2019) a la multinacional Alcoa a cambio de un dólar americano. En un año lo que valía un dólar pasó a valer 13 millones de euros. Esta evolución es la que investiga la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, la jueza María Tardón, que ha ordenado la investigación por parte de la Policía Nacional de las cuentas del maraballo de compañías dispuesto en torno a la fabricación de aluminio primario. Esta investigación en concreto se encuentra bajo secreto de sumario.
El último paso dado por la Audiencia Nacional es la intervención de las cuentas de las empresas Alu Ibérica La Coruña y Alu Ibérica Avilés. A esto es a lo que se opone el Grupo Riesgo, que siente que se le tergiversa.
Sostienen su réplica sobre tres argumentos principales: que paga las nóminas a sus trabajadores siempre (incluso con su propio dinero y no sólo con el que puso Alcoa para llevar a cabo la transmisión de la propiedad); que además, paga las deudas que dejó Parter Capital (socios de Riesgo al 24,9 por ciento) y, además, asegura, reinvierte parte de lo que gana en las instalaciones para contribuir al crecimiento (la empresa está produciendo bajo mínimos).
Respecto al primer punto pone Riesgo negro sobre blanco que ellos han puesto más de cuatro millones. Respecto del segundo, señala el resultado negativo de un pleito celebrado en el extranjero a instancias de Concord Resources Limited, uno de los proveedores de las empresas alumineras. Los ingleses reclamaban, dicen los de Riesgo, más de un millón de euros. Esta deuda la resarció Riesgo cuando correspondía a Parter Capital. Lo que no dicen es que tanto unos como otros siguen siendo socios comerciales.
Los servicios jurídicos de Riesgo –en representación de las dos sociedades que explotan las fábricas– acusan a los sindicatos (así, en general) de haber organizado un complot contra ellos. Aseguran que tienen pruebas sobre la conspiración abierta contra sus proveedores. Dicen que algunos les comunicaron que habían recibido llamadas de trabajadores para que se fueran (no dicen cuáles). También dicen que otros proveedores dejaron de servir sin comunicarlo a los representantes de la empresa. Ello, deducen, fue también porque los trabajadores les pidieron que anularan sus contratos.
Grupo Industrial Riesgo reconoce que está todavía redactando el plan industrial que, según dijo repetidas veces (al Principado, a los representantes sindicales, por medio de notas de prensa), ya había presentado en varias ocasiones. El siguiente paso del proceso es la réplica legal de los sindicatos personados en la causa.
