El mero hecho de saber que ojos neutrales y expertos en finanzas y contabilidad van a fiscalizar, probablemente a partir del lunes, todas las operaciones económicas que realice la fábrica avilesina de Alu Ibérica (antigua Alcoa) da tranquilidad a los miembros del comité de empresa, que en las últimas horas se mostraron complacidos con la llegada de los administradores judiciales que ha designado la Audiencia Nacional a la planta gemela de La Coruña, donde los trabajados los recibieron con aplausos. “Aplausos no sé si habrá, pero desde luego serán bienvenidos”, aseguró José Manuel Gómez de la Uz (CC OO), presidente del comité de Alu Ibérica Avilés en relación a la esperada llegada de los interventores de los ministerios de Hacienda y Trabajo. Otro dirigente sindical consultado por este diario ve “balsámico” que un grupo de funcionarios públicos asuma el mando financiero, con instrucciones precisas de la juez María Tardón de vigilar todo movimiento de dinero superior a 20.000 euros para evitar el saqueo de la sociedad.
Lo que lamenta el comité de empresa es que no se ordene una “intervención productiva”; esto es, que técnicos especializados asuman la toma de decisiones relacionadas con la operativa fabril. Y por eso en medios sindicales siguen insistiendo en la conveniencia de velar por el mantenimiento de las instalaciones, toda vez que podrían producirse daños irreversibles en las mismas.
Una vez que los administradores judiciales se instalen en las oficinas de la aluminera de San Balandrán, la intención del comité es solicitar una reunión para intercambiar opiniones, ponerles al día, ofrecer la máxima colaboración y pedir que, cuanto antes, se realice una auditoría para conocer el verdadero estado de las cuentas de la sociedad, que en medios sindicales temen que no sea precisamente esperanzador.
Con la tranquilidad de que, al menos, el dinero va a estar vigilado, los representantes de los trabajadores del aluminio pasará a estar puesto a partir del lunes en el juicio convocado para el próximo jueves en Madrid. La vista es consecuencia de la denuncia que presentaron todos los sindicatos representados en los dos comités de empresa (Avilés y La Coruña) contra Alcoa, el fondo de capital suizo Parter Capital Group y la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo en la presunción de que existió fraude en la venta de las fábricas. Así mismo, en los próximos días se mantendrá la presión sobre el Ministerio de Industria para que convoque la Mesa del Aluminio, el marco en donde debería de haberse hecho el seguimiento de la venta de las plantas de Alcoa.
