Nuevo parón en el plan de Baterías. Una de las empresas que optó al contrato de desmantelamiento de las instalaciones, la navarra Erri-Berri, ha recurrido el acuerdo de adjudicación a la unión temporal de empresas Lezama-Los Álamos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda. Según ha podido saber este periódico, la compañía navarra considera que se han producido fallos administrativos en el proceso de licitación y el organismo tiene un plazo máximo de dos meses para pronunciarse. En el aire queda ahora el inicio de los trabajos de desmantelamiento de la coquería que Sepides preveía activar de forma inminente, con la llegada del verano. Es el segundo parón que sufre el plan de Baterías en lo que va de año. El anterior se produjo por la denuncia contra el exdirigente socialista Álvaro Álvarez por un presunto tráfico de influencias relacionado con este proceso de contratación.
El grupo empresarial Erri-Berri presentó el recurso este martes, el mismo día que expiraba el plazo para presentar alegaciones a la adjudicación provisional del contrato mixto de los trabajos de redacción de proyecto y ejecución de la obra de desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de coque de Ensidesa. Según las fuentes consultadas, la empresa navarra no está conforme con la valoración y ve excesiva la puntuación que recibió Lezama-Los Álamos en la parte técnica.
Esta alianza empresarial obtuvo 73,5 puntos sobre 100 en la fase de evaluación, con gran ventaja sobre las dos compañías que optaron al mismo contrato, si bien Eri-Barri obtuvo mayor puntuación en la parte económica. Lezama-Los Álamos ofertó 6.564.153,49 euros. Erri-Berri obtuvo 56,75 puntos en la parte técnica y ofertó 6.554.466,88 euros, mientras que la empresa Eiffage obtuvo 52,50 puntos y ofreció 7,9 millones. En el análisis global, la UTE vasco asturiana quedó en el primer puesto.
El contrato salió a licitación en 15,6 millones y el Parque Empresarial Principado de Asturias se lo adjudicó de forma provisional a Lezama Los Álamos en 6,5 millones, la diferencia entre el importe global de la obra (13,7 millones, sin contar impuestos) y lo que se obtendrá por la enajenación de materiales y residuos (7,1 millones). Sepides dio su visto bueno a la adjudicación provisional del contrato en un consejo de administración celebrado a finales de marzo en Madrid, una vez que la Abogacía del Estado concluyó que no existían “razones jurídicas que avalen la renuncia a la celebración del contrato o el desestimiento del procedimiento de contratación”. La Fiscalía no había apreciado tampoco indicios de que los hechos denunciados, que salpican a Álvaro Álvarez, hubiesen influido en el procedimiento.
Cuando el horizonte parecía de nuevo despejado para iniciar en verano la demolición de la coquería, un nuevo revés paraliza el plan. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dado dos días de plazo a Sepides para responder a ese recurso y cinco a la UTE Lezama-Los Álamos, según las fuentes consultadas.
Con toda esa documentación, el tribunal tendrá que tomar una decisión en un plazo máximo de dos meses. Si finalmente da la razón a Erri-Berri, al concluir que algo ha fallado, Sepides tendría que iniciar de nuevo la licitación del contrato mixto de los trabajos de redacción de proyecto y ejecución de la obra de desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos. Si al contrario considera que se ha cumplido en todo momento lo que establece el pliego, se procederá a la firma del contrato con la UTE Lezama-Los Álamos.
Cambia Avilés y la conservación
Cambia Avilés (CA) volverá a incidir en el Pleno ordinario de mañana en que se conserven los elementos más significativos de las Baterías de coque. La formación preguntará en la sesión sobre su derribo y el proyecto industrial para los terrenos. “No queda en toda Asturias una entidad relacionada con la arquitectura o con el Patrimonio industrial que no se haya manifestado a favor de conservar los elementos más significativos de las Baterías de cok y darle otros usos económicos o industriales. Demoler y dejar un solar vacío es un atentado contra nuestro patrimonio y nuestra historia”, señaló la portavoz Tania González.
La confluencia defiende que el gobierno municipal “tiene aún la oportunidad de proteger algunos elementos y diseñar un proyecto alternativo y de futuro para un espacio clave de la ciudad”. Como ha ido trascendiendo en el último año, Avilés negocia con el Estado el mantenimiento de algunos elementos, como uno de los gasómetros y los almacenes generales. Desde Cambia Avilés vienen criticando la ausencia de un proyecto industrial para esos terrenos. “Lo único que hay sobre la mesa es una extensión del PEPA, que por cierto aún tiene parcelas vacías. Está la oportunidad de utilizar los fondos europeos para diseñar un proyecto industrial que permita la reutilización de parte de nuestro patrimonio”, concluyó la concejala.
