La Audiencia Nacional, en Madrid, fue escenario ayer de un juicio promovido por los sindicatos representados en los comités de empresa de Alu Ibérica en Avilés y en La Coruña, una vista que se alargó durante unas cinco horas y que se cerró con una cita –para dentro de cinco días– en que las distintas partes presentarán sus conclusiones sobre uno de los conflictos laborales más enconados y alargados en el tiempo de la historia económica asturiana reciente: el proceso de venta de las fábricas de aluminio por parte de la multinacional Alcoa a un fondo suizo desconocido (Parter Capital) que, pocos meses después, transfirió a la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, que es quien, desde abril del año pasado, está encabezando la operación. 

Alcoa defendió que el proceso fue “transparente”, Parter no se presentó en la vista, y Riesgo celebra “el cumplimiento por su parte de todos los compromisos adquiridos en la compraventa de las plantas”. Los trabajadores, por su parte, creen que el acuerdo no se cumplió (dicen que los requisitos pactados se subvirtieron en cuanto se produjo la compraventa, posibilidad que no figuraba en el contrato celebrado entre Alcoa y Parter). Todo esto es lo que tiene que dirimir el juez que presidió la vista en la sala de lo social del tribunal madrileño.  

El episodio de ayer de la crisis del aluminio es una reclamación laboral, lo que buscan los demandantes es volver el acuerdo a su naturaleza original y, si no, en caso de despidos, que estos se produzcan con las condiciones acordadas como segunda opción en aquel momento (en enero de 2019). 

En paralelo a todo esto, está abierta la vía penal: la magistrada María Tardón –la titular del Juzgado Central Número 3– considera que en la transmisión de la propiedad de las fábricas se produjo una “descapitalización fraudulenta”. Eso es lo que está investigando, al menos, desde el 4 de marzo, cuando la Policía Nacional entró en las fábricas y detuvo a los cuatro mandos más importantes de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, tras el requisamiento de documentación. 

Alcoa recordó que el 4 de julio de 2019 acordó con la representación de los trabajadores que “si la venta de las plantas a Parter se producía el 31 de julio de 2019 y en los términos expuestos en dicho documento, el acuerdo de despido colectivo de 15 de enero de 2019 estaría completado”. Y eso se produjo, así que, dicen, no hay posible vuelta atrás. Los sindicatos argumentan, sin embargo, que esta venta decayó en cuanto Parter revendió a Riesgo, es decir, los trabajadores ya no son empleados de Parter porque lo son ahora de Riesgo. El juez tiene que determinar quién tiene razón. Los sindicatos consultados por este periódico salieron “satisfechos” de la vista, que fue a puerta cerrada. Entre las 9.15 y pasadas las 13.30 horas. 

La multinacional, asimismo, defendió que la venta de las plantas “fue el resultado de un proceso de venta que se llevó a cabo de manera transparente, avalado por el Gobierno español y apoyado por los representantes de los trabajadores”. Los trabajadores admiten el penúltimo aserto; el último no. Hubo una presión por parte del Ministerio de Industria para que ellos, los trabajadores, dieran el “plácet”. Dicen que no lo dieron porque no participaron en el “cásting” que había abierto la compañía multinacional. 

Parter Capital, por su lado, decidió no presentarse en el juicio (María Tardón dice que ingresaron 13 millones de euros por unas plantas que le habían costado unos pocos meses atrás un dólar americano). Riesgo, por su lado, defendió: "Los representantes legales de la dirección han expuesto y documentado la actual gestión de las factorías para argumentar que los propietarios han cumplido en todo momento con las obligaciones”. 

Diputada valenciana, industria asturiana

Roser Maestro, que es diputada de Izquierda Unida (IU) por Valencia, asumió ayer como propia la encomienda de los sindicatos asturianos de llevar al Congreso la alerta industrial que está sonando en el Principado. Y lo hizo así ante, a su juicio, la “nefasta política” del Gobierno de España en este sector.

Maestro participó ayer a mediodía, en la explanada delantera de la fábrica de Alu Ibérica de San Balandrán, en un encuentro con delegados sindicales de Comisiones Obreras (CC OO) en las grandes empresas del sector secundario asturiano. A su término señaló: “Es absolutamente necesario que pueda existir una coordinación real con todas las administraciones, especialmente con los municipios que están ofreciendo esta cercanía a la ciudadanía, y que pase por que se cree un tejido industrial y una política industrial”, apuntó la diputada que también es portavoz adjunta en la comisión de Industria en la carrera de San Jerónimo por el grupo parlamentario de Unidas Podemos.

Todo esto lo agradeció infinitamente Damián Manzano, el secretario general de la Federación de Industria de CC OO de Asturias, sobremanera, “ante la incomparecencia de otras diputadas asturianas que parece que tienen puesta a la industria española en confinamiento”. Y reprochó: “No sabemos a qué se están dedicando en la defensa de la industria”. Se refirió a la diputada de Unidas Podemos (compañera de Maestro), la asturiana Sofía Castañón, y a la vicesecretaria general del PSOE y portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra. “No sabemos a qué se están dedicando cuando al calor de este conflicto se peleaban por salir en la foto con los mismos que hoy estamos tratando de defendernos ante los jueces, porque ante determinados ámbitos políticos, poca esperanza tenemos”, apostilló Manzano. Tras el encuentro con los trabajadores, la diputada valenciana acudió a una reunión con los alcaldes de Illas y de Castrillón, Alberto Tirador y Yasmina Triguero.