La Dirección General de Comercio de la Unión Europea ha rechazado imponer aranceles provisionales a las torres eólicas producidas en la República Popular China. Esta decisión despeja la amenaza sobre la avilesina Windar, incluida en el grupo de grandes empresas de renovables de España a las que el gobierno de Estados Unidos acusaba de haber vendido torres eólicas por debajo de un precio “razonable”.
Si bien la decisión tiene un carácter preliminar, y deberá ser confirmada a finales de junio, la intención del gabinete de Joe Biden es extender el procedimiento de investigación para resolver el expediente a final de año, cuando tendrá que tomar una decisión definitiva. “Dada la complejidad técnica del caso, la Comisión ha decidido continuar la investigación ‘antidumping’ y no imponer medidas provisionales en esta etapa”, señaló uno de los responsables del Ejecutivo comunitario que investiga este caso.
Entre los fabricantes europeos de torres eólicas se incluyen tres españoles: GRI (propiedad de la familia Riberas), Windar (Grupo Daniel Alonso) y TecnoAranda (Haizea Wind Group). Sobre ellos se inició un procedimiento en octubre del año pasado que demandaba la imposición de medidas arancelarias. Nada más conocerse ese planteamiento, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, advertía que sería “una auténtica barbaridad” que Estados Unidos impusiera aranceles a las empresas españolas fabricantes de componentes para la energía eólica, entre las que se encontraría la avilesina Windar. Estads Unidos amenazó con la imposición de aranceles a siete grandes empresas de renovables de España, a las que acusa de haber vendido torres eólicas por debajo de un precio “razonable” en el mercado estadounidense, una práctica conocida como “dumping“ o competencia desleal.
Feito defendió entonces que si España es un país competitivo en este negocio es porque lleva mucho tiempo desarrollándolo y porque las empresas han invertido muchos recursos e implementado las últimas tecnologías. Y valoró asimismo que la imposición de “barreras en los mercados globales” con aranceles que podrían llegar al 73% sería “una auténtica barbaridad”.
“Defensa cerrada”
Posteriormente, desde la Consejería de Industria demandaron a la ministra Reyes Maroto una “defensa cerrada” de los fabricantes de estructuras eólicas frente a esas denuncias. La responsable de Industria replicó a esas palabras asegurando que el Gobierno ya está trabajando en esa línea.
Para el Ejecutivo regional las denuncias lanzadas desde Estados Unidps carecen de fundamento y “solo buscan impedir” la entrada de compañías como la avilesina Windar “en la ambiciosa agenda de la eólica offshore (eólica marina) anunciada por la Administración Biden”.
