A falta de que Raúl Blanco, el secretario general de Industria, convoque la Mesa del Aluminio –cosa que prometió el 15 de abril–, la magistrada titular del Juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, avanza en su investigación penal sobre la venta y posterior gestión de las fábricas de la antigua Alcoa en Avilés y La Coruña.
El Boletín del Registro Mercantil publicó este miércoles que la sociedad Alu Ibérica AVL –la empresa que explota la planta aluminera de San Balandrán– ya está intervenida judicialmente. Es decir, la orden que dio a comienzos de este mes la juez Tardón ya es oficial. Sin embargo, los trabajadores no han visto aún el pelo a los auditores del Ministerio de Hacienda –son seis– por las instalaciones fabriles avilesinas. Y los esperan como agua de mayo, además de decir que están “dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario”. Se da la circunstancia de que los interventores judiciales ya pasaron por la fábrica de La Coruña el pasado día 13.
La entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, mientras tanto, presenta recursos a las decisiones de la magistrada María Tardón. El último fue en nombre de Luis Losada Gómez, uno de los cuatro mandos de Riesgo que detuvo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado 4 de marzo. Los otros tres detenidos fueron Víctor Rubén Domenech, Alexandra Camacho y Diego Peris. Los dos primeros tienen el control de las fábricas y el tercero figura como administrador de la sociedad Logiplus, últimamente dedicada a explotar el contrato de limpieza de las dos plantas. Sus trabajadoras en La Coruña organizaron una huelga esta semana por impagos de nóminas.
Losada niega en su recurso que la intervención de las empresas por parte de la Audiencia Nacional sea una medida efectiva para la supervivencia de la compañía. La jueza, sin embargo, no le ha dado la razón: adujo que una intervención es “menos intrusiva y limitativa” de derechos que el nombramiento de una administración judicial con sustitución de los actuales administradores; es decir, del propio Losada, que lo es en nombre de la sociedad Iberian Green Aluminum, que en 2019, cuando se fundó, se llamaba System Capital Management. Pero Tardón no descartó en su respuesta a Losada la posibilidad de agravar la intervención nombrando a un administrador judicial, una medida que “habría sido también proporcionada a la gravedad de la conducta investigada y a los indicios existentes de su comisión, como se ha reflejado en la alegación anterior. El administrador judicial tiene una presencia más larga que los interventores del Estado y es designado por mandato judicial”, señaló. El reloj, mientras tanto, sigue corriendo, y la solución política que tendría que llegar por la vía del secretario general de Industria continúa sin materializarse.
