La comarca de Avilés es el área urbana con un mayor peso industrial del país. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística (INE) y lo subrayan Abilio Álvaro Azofra y José Manuel Rodríguez Baltar, que son los secretarios comarcales, respectivamente, de los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO). Advierten, sin embargo, que esta circunstancia “puede que no sea para siempre”. Los dos están convencidos que el sector industrial está “en horas bajas”. “Las políticas industriales tienen que sobrepasar el ámbito comarcal e, incluso, el regional. Tenemos que defender nuestra especificidad ante el Gobierno de España y también en Europa”, apunta Rodríguez Baltar.
“No vale café para todos: tenemos seis multinacionales y tres son electrointensivas, las empresas que más energía consumen de todo el país”, destacan. No hay una comarca en España como la de Avilés: el 27,3% del empleo de la zona esté ligado con el sector secundario. La más cercana es la alicantina de Alcoy, que acoge una importante presencia de fábricas textiles y de cosmética. Gijón, por ejemplo, está la octava en esta lista de las comarcas más industrializadas.
Las particularidades de la comarca tienen que ser tenidas en cuenta por los responsables del diseño de la política industrial. “No puede ser que dejemos esto al libre albedrío de políticos que desconocen quiénes somos”, reclama Álvaro. Una política general para todo el país “puede beneficiar a algunas zonas, pero a nosotros no, a nosotros nos pone en peligro”, añade. “Las empresas que trabajan en la comarca pueden hacer las maletas si consideran que el precio de la energía sigue por las nubes”, destaca Álvaro.
La empresa Asturiana de Zinc (Azsa) asegura que la factura de la energía supone el 50 por ciento de sus gastos de producción, la antigua Alcoa hablaba del 40 (ahora la empresa sucesora, Alu Ibérica, ha inutilizado las cubas electrolíticas) y en Arcelor Mittal el consumo está por debajo del 20 por ciento, pero sigue siendo elevadísimo. Todo esto hubiera debido tener una solución específica con la aprobación del Estatuto de la Industria Electrointensiva, pero no ha sido así. Baltar reprochó al Ministerio de Industria –el que lo redactó– atendiera solo los requerimientos de los socios catalanes y vascos del Gobierno de España. La capacidad de influencia (o la falta de ella) del Gobierno de Asturias es lo que ponen en entredicho los sindicatos. Lo hicieron recientemente, ante un millar de personas que se reunió en la pista de La Exposición de Avilés, temerosos de que el Principado entero se convierta en un páramo industrial, tragedia en la que la comarca de Avilés iba a tener uno de los papeles principales. La esperanza está en que la nueva industria devuelva el futuro al sector.
