En una sentencia conocida ayer que pone colofón al juicio celebrado en mayo, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional llega a la conclusión de que la “reindustrialización de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña y el mantenimiento del empleo mediante su venta a un empresario serio, solvente y riguroso no se ha llevado a cabo de acuerdo con lo pactado”. Y de ello ha devenido “una situación desoladora”. Y avanza que dado el fiasco de la operación, es preciso retrotraer la situación al momento anterior a la venta al fondo suizo Parter Capital (primer comprador de las fábricas), es decir, al acuerdo del 15 de enero de 2019: o se venden las fábricas o la plantilla tiene que ser despedida a razón de 60 días por año trabajado cobrando, además, una paga de 10.000 euros.
La reacción del Ministerio de Industria –que en su día fue avalista de la compraventa de las plantas alumineras– a la sentencia que cuestiona la eficacia de la venta de la aluminera avilesina, con 280 empleados en la actualidad, se produjo por boca del secretario general de Industria, Raúl Blanco, quien en declaraciones radiofónicas cargó contra Alcoa: “Es difícil hacerlo peor: perdió el juicio del ERE que trató de aplicar en la planta de San Ciprián (Lugo) y ahora pierde el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por la venta de las fábricas de Avilés y La Coruña. Alcoa va a pasar a la historia industrial de este país por su empecinamiento en hacerlo mal”.
“Es difícil hacerlo peor: perdió el juicio del ERE que trató de aplicar en la planta de San Ciprián (Lugo) y ahora pierde el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por la venta de las fábricas de Avilés y La Coruña"
Blanco manifestó que “Alcoa ya no tiene licencia moral para operar en España” y en este sentido solicitó que “deje de causar daño” y “dé paso a soluciones industriales creíbles para que puedan llevarse a cabo proyectos dignos que recuperen la actividad de las plantas”. Blanco habló en todo momento de las tres localizaciones industriales vinculadas a Alcoa en la península: Avilés, La Coruña y San Ciprián (esta última precisamente ahora en fase de ser vendida).
Al respecto del papel que jugó el Ministerio de Industria en el proceso de venta, del que fue testigo privilegiado y avalista final, Raúl Blanco manifestó que “fue Alcoa la que firmó las condiciones de venta (las que la Audiencia Nacional da ahora por incumplidas), la que seleccionó a los candidatos y la que garantizó la solvencia del elegido”.
La sentencia, cuyo ponente es José Pablo Aramendi Sánchez, carga contra la operación. Resulta relevante, dice, que la compradora de las fábricas (el fondo suizo dirigido por Rüdiger Terhost) “no era un inversor profesional”. De hecho, subraya que aunque “se identificaba como un inversor profesional que posee la experiencia, conocimientos y experiencia necesaria para realizar este tipo de operaciones” no fue “capaz por ella misma de emprender las tareas que se identifican en dicho contrato de servicios, ni siquiera los de administración comercial, ventas y gestión de nóminas”.
Pese a esto, añade que la compra no se desarrolló “de manera efectiva”: “El 25-10-2019 se suscribe un Acuerdo de Compensación entre Parter y Alcoa que se justifica en el reconocimiento de que por la primera y en favor de la segunda existen obligaciones de pagos pendientes por importe de 9.515.008 de dólares”; o sea, que como Parter tenía una deuda con su casero (el juez no la identifica), la multinacional y el fondo acuerdan que “Alcoa se quede con los pagos pendientes que tiene retenidos de clientes por venta de aluminio”. Y esto le llama la atención al ponente: “Alcoa se queda con los activos provenientes de los pagos realizados por la clientela que, consecuencia de la compraventa de las plantas, debería corresponder al comprador”. O sea, a Parter. En octubre, pues, Alcoa seguía vigilando sus plantas.
Un hecho llama la atención a los magistrados: “Alcoa se queda con los activos provenientes de los pagos realizados por la clientela que, consecuencia de la compraventa de las plantas, debería corresponder al comprador”
La sentencia cuestiona muchas de las decisiones llevadas a cabo por Alcoa, sobremanera todas las que tienen que ver con la venta de las fábricas. “Resulta evidente que siendo Alcoa una relevante multinacional en el sector de producción de aluminio y reservándose la selección del comprador de las plantas es porque tiene capacidad contrastada para verificar que ese comprador presenta el perfil exigido”. No fue así. Alcoa, sin embargo, no demostró lo contrario durante el juicio, “cosa que le correspondía”, señala el magistrado.
Apunta el juez en la sentencia que deviene de una demanda presentada por el sindicato CC OO y por UGT, USO, CIG y CCP que Alcoa “se reserva para ella las negociaciones y decisión final sobre la venta de las plantas”. Y, sin embargo, eligió a Parter Capital Group, que entró en las plantas a partir de una sociedad pantalla (Blue Motion Technologies Holding). Y, llegado a este punto, se pregunta: “¿Quién es Parter? ¿Quién es Blue Motion? Ningún dato ofrece Alcoa ni en el proceso de venta ni en su implementación posterior acerca de estas sociedades que nos permita siquiera inferir que cumplen con el perfil del comprador serio, solvente y riguroso, que debe acreditar”. Y, pese a todo, se quedaron con las fábricas.
El razonamiento del ponente de la sentencia va entonces a los resultados. Alcoa decide vender a Parter, no explica por qué, aunque hay un acuerdo sobre lo que hay que hacer (entre otras cosas, rearrancar las series electrolíticas). “¿Alguno de estos propósitos llegaron a implementarse, y si lo fueron se consiguieron? La prueba no lo acredita, sino que evidencia un deterioro de la situación a niveles productivos, un mantenimiento de los salarios y cotizaciones sociales de los trabajadores a través de aportaciones de capital circulante por Alcoa y todo acaba para Parter y Blue Motion con la venta de las plantas, por las que abonaron 1 dólar, a unos nuevos compradores, de los que luego se hablará, por 13 millones de euros”. Este nuevo comprador es Grupo Industrial Riesgo. La multinacional Alcoa se limitó a decir ayer: “Estamos revisando el fallo y la compañía determinará los próximos pasos en el momento apropiado”.
La Ministra de Industria se verá el jueves con el comité de empresa
La Ministra de Industria, Reyes Maroto, finalmente va a atender las plegarias que los representantes del comité de empresa de Alu Ibérica (la antigua Alcoa) en Avilés le han ido enviando a cuenta de la situación en que se encuentran y que, según el juez ponente de sala de lo social de la Audiencia Nacional, es “desoladora”. Y lo hará mañana jueves mismo, en cuanto aterrice en Asturias.
El gabinete del Presidente del Principado comunicó ayer por la tarde al presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, que en la reunión estará también Adrián Barbón y el consejero de Industria, Enrique Fernández. El encuentro que los trabajadores anhelan comienza a las 21.30 horas.
Sobre la mesa estarán asuntos tan graves como la sentencia condenatoria contra Alcoa porque no llevó a cabo la venta de las fábricas de Avilés y de La Coruña a un candidato “serio, solvente y riguroso” y que, en consecuencia, los trabajadores pueden invocar la segunda parte del acuerdo del 15 de enero de 2019, es decir, solicitar el despido colectivo con las condiciones que figuran en el documento (60 días por año trabajado y 10.000 euros añadidos).
A este respecto, la federación de metal de la Unión General de Trabajadores (UGT) señaló que recibe “con optimismo la sentencia”. Y añade: “Venimos advirtiendo desde hace tiempo que el proceso judicial no soluciona por si solo ni el mantenimiento del empleo, ni la viabilidad de las plantas. UGT-FICA Asturias vuelve a demandar tanto al Gobierno de Asturias como al Gobierno Central un compromiso real y efectivo que permita consolidar un proyecto industrial, proyecto que no pasa ni por Grupo Riesgo ni por el fondo Parter.
