La Corporación avilesina abordará en el Pleno ordinario de este mes, que se celebrará el próximo día 25, el nuevo contrato de la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos para los próximos diez años. La adjudicación a Urbaser, que se ha retrasado por un trámite, cuenta con todos los informes favorables de los técnicos municipales, han asegurado fuentes municipales. El de la limpieza es uno de los contratos más importantes y cuantiosos del Consistorio.
Como informó este periódico, el nuevo contrato que cubrirá el servicio durante la próxima década debería haber entrado en vigor el pasado día 1 pero un error en la tramitación impidió culminar en plazo la licitación. Urbaser se hizo con el contrato en el año 2000 y también fue la propuesta por la mesa de contratación para hacerse con el nuevo, hasta 2031, por 59,5 millones.
Las previsiones del gobierno municipal pasaban por llevar a Pleno la adjudicación el pasado mayo, con la intención de que el nuevo contrato entrara en vigor el 1 de junio, pero el proceso se ralentizó al no haberse incorporado al expediente un informe preceptivo valorativo de la estructura de costes emitido como el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, como exige la ley para los contratos con un precio igual o superior a cinco millones de euros.
El Ayuntamiento ya dispone de ese informe del Comité de Precios, que no ve “suficientemente motivado” que el contrato en cuestión tenga una vigencia de diez años en vez de cinco (sus conclusiones son preceptivas pero no vinculantes). No obstante, desde el gobierno local sostienen que los técnicos lo han analizado y han informado del motivo de ese contrato a diez años. Y es que la ley prevé la posibilidad de ampliar el plazo de duración de los contratos de servicios cuando lo exija la recuperación de las inversiones y siempre que la amortización sea un coste relevante. Los técnicos municipales sostienen que se da esta situación, puesto que ese plazo de diez años coincide con el período estimado de amortización de las inversiones previstas en el pliego de cláusulas administrativas y que ascienden a cerca de siete millones de euros. Esas inversiones estarían totalmente amortizadas al finalizar el plazo de duración del contrato.
Pese a la caducidad del contrato anterior, el servicio se sigue prestando dado su carácter de interés público. Está prorrogado hasta que comience a ejecutarse el nuevo, que pende ahora del voto de los grupos de la Corporación.
