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Europa, receptiva a “suavizar” el Gran Hermano pesquero que rechaza el sector

Los barcos de menos de 12 metros quedarán eximidos de instalar cámaras de videovigilancia, según la secretaria general de Pesca

El pescador David Charca, durante una jornada de pesca.

El pescador David Charca, durante una jornada de pesca. Ángel González

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz está de gira por España para explicar el nuevo reglamento de control de pesca comunitario y las propuestas que realiza el Gobierno para “mejorarlo”, en especial en todo lo que tiene que ver con las nuevas obligaciones de geoposicionamiento y comunicación electrónica de capturas, asuntos que generan rechazo y controversia en medios pesqueros.

En una reciente reunión con la federación gallega de cofradías de pescadores, Villauriz expuso las “mejoras” que se han conseguido introducir en la propuesta del Consejo Europeo. Por lo que respecta al geoposicionamiento, y según la secretaria general de Pesca, se ha incluido en la propuesta que solo los buques de más de 12 metros de eslora estén obligados a instalar equipos VMS (aparatos de videovigilancia) con conexión satelital; para los buques de entre 9 y 12 metros se ha admitido su sustitución por sistemas de telefonía móvil, mientras que se excluye de la obligación de instalar estos equipos de localización a la flota de menos de 9 metros y a las lanchas dedicadas al marisqueo.

Villauriz también aseguró que está previsto que la posición del Consejo se apruebe en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, a celebrar la próxima semana. Una vez aprobada esta posición, se iniciarán las negociaciones con el Parlamento Europeo y la Comisión, en los denominados trílogos, “en los que se tratará de alcanzar el acuerdo más beneficioso para la flota española”, reseñó Villauriz.

La secretaria general de Pesca se comprometió a trabajar tanto en el seguimiento de esta nueva etapa de negociación que ahora comienza, como para buscar las soluciones más adecuadas para cumplir con las nuevas obligaciones que se deriven del futuro reglamento de control pesquero.

Las “flexibilizaciones” reglamentarias que anuncia y defiende la portavoz gubernamental para temas de pesca vienen a tranquilizar los ánimos caldeados de los pescadores, que en primera instancia se mostraron muy críticos con el planteamiento del Consejo Europeo de vigilar su actividad como si se tratase de un “Gran Hermano”, obligando a dotar de cámaras de vídeo a todos los barcos y exigiendo la implantación generalizada de otros dispositivos electrónicos como el libro de capturas. No obstante, en el sector mantienen la máxima cautela pues “el reglamento de control de pesca aún habrá de superar varios trámites en las instituciones europeas y nadie puede garantizar cuál será su redacción final”.

A la par que el reglamento europeo, en España está en tramitación el proyecto de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. El documento mantiene todos los puntos polémicos del borrador inicial –publicado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA hace casi tres meses– y elimina algunos aspectos menores, como por ejemplo la creación de un Consejo Asesor de Pesca. Por ello, el sector pesquero insiste en que el anteproyecto genera “inseguridad jurídica” para las empresas. “Queda por delante mucho trabajo y muchas consultas para perfeccionar el documento”, manifiesta el secretario general de la patronal pesquera, Javier Garat.

La ley es una de las medidas estrella del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas, que el pasado año anunció un paquete legislativo con el objetivo de actualizar el sector. El anteproyecto salió a consulta pública previa el pasado 15 de enero, aunque con solo seis páginas. Semanas más tarde circuló un borrador al que tuvo acceso a este periódico. Si bien nunca fue reconocido como oficial, el trasladado finalmente a la industria es prácticamente idéntico.

De esta forma, en sus 54 artículos repartidos en 41 páginas se recogen medidas como la posibilidad de retirar las cuotas asignadas a un barco si este no las utiliza por un período de tiempo determinado, la posibilidad de dar entrada a los censos de flota a buques sin un historial previo de pesca en ciertas pesquerías, la vigencia de cuatro años para las licencias de pesca o la regulación de la pesca recreativa, una actividad que se quiere desarrollar con otra polémica ley que también ha indignado a los pescadores deportivos asturianos, así como a los del resto del país.

Para Cepesca, el texto “no cambia mucho” respecto al borrador que había dejado preocupado al sector. “Tiene algunas cosas positivas y otras mejorables”, indica Garat. En el primer caso, el secretario general de la patronal destaca que la regulación busque la sostenibilidad pesquera “desde el punto de vista social, económico y medioambiental”, así como “que se incida en la investigación pesquera” o “que se regule la pesca recreativa”.

Entre lo “mejorable”, Garat identifica “todos aquellos artículos que generan inseguridad jurídica por su indefinición”. Aquí señala en concreto el mecanismo de optimización de las posibilidades de pesca (el artículo 39) o los repartos de posibilidades de pesca, para que se aclare que “los ya realizados conforme a le ley actual siguen siendo plenamente vigentes y no van a ser revisados”. De igual forma, señala que la reserva de las posibilidades de pesca que se atribuye el Ministerio, de un 10%, “es muy grande”. “Debería ser del 3%, que es más o menos lo que se está haciendo ahora”, defiende.

Garat insiste en trabajar “de forma constructiva para intentar mejorar la ley”, algo similar a lo que propone el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero.

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