Los representantes legales del Grupo Industrial Riesgo (los dueños actuales de Alu Ibérica) reconocieron ayer ante la instructora del caso Alcoa, en la Audiencia Nacional, que la entidad comercial se hizo con las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña gracias a un préstamo de 13 millones de euros que recibió de manos del fondo Parter Capital Group. Este préstamo, presuntamente, lo otorgaron los suizos dirigidos por Rüdiger Terhost a cargo de las cuentas de las propias fábricas.
Los suizos que había encontrado la multinacional Alcoa para que les comprara sus plantas –en julio de 2019– facilitaron a Víctor Rubén Domenech (que también responde al nombre de David y que se presenta ahora como accionista mayoritario de Iberian Green Aluminium Company) el dinero para llevar a cabo una operación que estaba fuera de sus posibilidades (ni Domenech, ni sus hombres tenían historial empresarial en el sector industrial).
Este tipo de movimientos (comprar una empresa con el dinero de la propia empresa) es algo que prohíbe la Ley de Sociedades de Capital, según fuentes consultadas, y supone, a todas luces, el primer paso dado hacia la presunta descapitalización fraudulenta de las fábricas que investiga la magistrada María Tardón, la titular del Juzgado Central Número 3 del alto tribunal a instancias de los sindicatos y asumida, ahora, por el Ministerio de Industria. Esta investigación estalló el pasado 4 de marzo con la entrada de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional en las fábricas y en el resto de los domicilios del maraballo de sociedades creado por Domenech para diluir una operación que ha dejado dos fábricas capaces de producir 100.000 toneladas de aluminio primario como un solar.
El reconocimiento de que Grupo Industrial Riesgo sacó los 13 millones de las cuentas de la empresa que controla ahora (Alu Ibérica) viene después de que Víctor Rubén Domenech hiciera “una declaración ante notario”, según fuentes de la propia Alu Ibérica, en la que prometía devolver esa cantidad si la jueza no le quitaba la dirección de la compañía. Lo que no consta es que pensaba hacer si la instructora no accedía a su propuesta. Y es que eso es precisamente lo que se estuvo dirimiendo ayer a mediodía en la Audiencia Nacional: si había que imponer un administrador judicial para cada una de las plantas.
Las defensas también ponderaron la carrera empresarial de David Domenech. Dijeron que inició su carrera en un grupo químico. Su experiencia en el aluminero era ninguna. Se apoyó en los primeros meses de su pase al aluminio en la figura de José Pulpeiro, que fue director de Alcoa La Coruña, que ahora únicamente asesora.
La abogacía del Estado, la Fiscalía y las cuatro acusaciones emitieron un sí rotundo al hilo del informe de los auditores que habían intervenido las fábricas (estos detectaron desobediencias constantes, compras de materia prima con sobreprecio, sueldos desorbitados y nula colaboración con los representantes judiciales...) Las defensas lo que pidieron presentar fue una nueva documentación y un informe pericial para su defensa. Por eso, la magistrada instructora no pudo decidir ayer qué iba a hacer con la dirección de la compañía. Eso queda suspendido. Lo que más o menos quedó claro es que el administrador judicial que se nombre (si al final esto es lo que María Tardón decide) llegará del Registro de Administradores Concursales con que cuenta el juzgado.
El modo en que Riesgo reconoce que se hizo con las fábricas (en abril de 2020) guarda cierta relación con el modo en que Parter Capital se hizo con las mismas (en julio de 2019). El juez Pablo Aramendi Sánchez, en la sentencia de la vía social que condenaba a Alcoa a devolver a sus trabajadores al plan social anterior a la venta de las fábricas, explicó que la multinacional norteamericana consiguió dos pólizas de crédito de 13,5 millones cada una el día 31 de julio y que ese día Parter consiguió el aval de 27 millones (13,5 por dos) para poder hacerse con unas fábricas por las que, en todo caso, pagó 1 dólar americano por estar muy endeudadas.
