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Los auditores de Alu Ibérica emitieron “juicios sin fundamento”, denuncia Riesgo

El dueño de la aluminera devolverá los 13 millones de euros “con mayor brevedad” si la Audiencia Nacional no le retira los poderes en las plantas

El parque de salida de aluminio de Alu Ibérica, esta semana. Ricardo Solís.

“Los interventores emiten juicios sin fundamento sobre la alegada insolvencia o descapitalización y no han cooperado de forma adecuada y fluida en el suministro de la información y documentación”. Esto se lo dijo Pablo Gómez Martínez, el director financiero de las fábricas de Alu Ibérica, a un notario madrileño este miércoles pasado. Gómez Martínez le dijo también que es el encargado de las finanzas de la planta “desde marzo”. El 4 de aquel mes, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tomó las sedes sociales de las empresas propiedad de Víctor Rubén Domenech.

El dueño de las empresas –que ahora se presenta como accionista mayoritario de Iberian Green Aluminum Company, que es la sociedad que figura como propietaria de Alu Ibérica en su último organigrama publicado– manifestó a la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, a María Tardón, que devolverá los 13 millones de euros que Parter Capital Group le “prestó” para que pudiera comprar las fábricas que ahora están intervenidas. Manifestó a la jueza que piensa restituir el dinero que tomó de Parter si María Tardón no le retiraba los poderes sobre sus compañías. ¿Y si se los quita? Según fuentes de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, “terminará devolviéndolos, pero no lo hará con la misma celeridad”.

La devolución es una decisión tomada porque Domenech reconoce que cometió un acto prohibido, “que no un delito”, señalan desde Alu Ibérica. Ese “acto prohibido” es una “asistencia financiera”: comprar una empresa con dinero de esa misma empresa. “Que haya asistencia financiera no quiere decir que haya apropiación indebida”, recalcaron desde Alu Ibérica. Según fuentes consultadas, la “asistencia financiera” prevé un régimen sancionador con multas, en teoría, de hasta el valor nominal del capital adquirido. Además, esto también tiene consecuencias en un plano civil o privado: la nulidad jurídica del negocio.

¿Por qué aceptó Domenech esta “asistencia financiera”? Desde Alu Ibérica sostienen que fue por el deseo de Parter Capital Group de “cobrar rápido”. Y abundan: “Parter no es un fondo, ni es nada, es una sociedad de suizos”. En todo caso, son socios de Domenech porque los 13 millones de euros (más de 15 millones de dólares americanos) que los de Parter “prestaron” a Grupo Industrial Riesgo sirvieron para que estos se quedaran con el 74,9 por ciento de las fábricas, es decir, el otro 25,1 por ciento sigue siendo de los suizos. ¿Y dónde están? No se presentaron ni el juicio que celebró la sala de lo social de la Audiencia Nacional y tampoco aparecieron en la vista que se celebró el miércoles en las mismas dependencias judiciales madrileñas. La empresa Alu Ibérica anunció ayer que la intención de Domenech es romper la sociedad con los suizos, es decir, “van a comprar el resto de las participaciones”.

Así que, según Alu Ibérica, no hay insolvencia punible. El director financiero, Pablo Gómez Martínez, se lo explica así al notario: “No es cierto que exista riesgo de insolvencia de las sociedades que explotan las plantas. No se dan los elementos para ello. Las sociedades que operan las plantas tienen caja positiva y suficiente para pagar el pasivo exigible. Su disponible a medio plazo es muy superior a su exigible a medio plazo. Han mejorado su desempeño respecto de su situación antes de su compra por el grupo del Sr. Domenech”.

Estas palabras de Gómez Martínez coinciden con la argumentación sustentada en un informe pericial que la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo encargó a Kroll y que entregó este miércoles mismo también a la jueza María Tardón (este informe es el que la magistrada se propone estudiar para, más adelante, determinar si es preciso retirar los poderes ejecutivos en las plantas a Víctor Rubén Domenech, que su defensa presenta como un industrial del sector químico “con más de 15.000 referencias”).

Kroll es la nueva denominación de Duff & Phelps. Se definen como “el principal proveedor mundial de servicios profesionales y de productos digitales relacionados con soluciones para el buen gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el fomento de la transparencia”. Ellos son los redactores de un informe pericial que sirve como respuesta al de los interventores –funcionarios públicos que comenzaron a auditar las cuentas el 12 de mayo–.

Dicen los peritos: “La Intervención Judicial no ofrece ni un solo argumento sólido que pudiese, siquiera, poner en duda la situación de solvencia de las sociedades. Solamente, como decimos, se realizan manifestaciones condicionales sobre que ocurriría si ambas sociedades estuviesen en estado de insolvencia, y lo que, en tal caso, tendrían que hacer sus administradores de acuerdo con la legislación concursal aplicable”. Y añaden que dado que los interventores no han hecho su trabajo, lo van a realizar ellos. Así, de esta intención, sale el siguiente aserto: “De acuerdo con la información facilitada, las sociedades se encuentran al corriente de pago con la Hacienda Pública, Seguridad Social y trabajadores”.

A pesar de esto, unas pocas páginas después, los peritos reconocen: “La única deuda relativamente significativa que se encontraría pendiente de pago corresponde a la que mantiene Alu Ibérica AVL con los servicios tributarios del Principado de Asturias, que asciende a 805.713 euros”, más de 300.000 reclamados judicialmente porque la empresa dice que no les corresponde. El Ayuntamiento de Gozón ha iniciado la vía ejecutiva para cobrar el pago del IAE, el recibo de la contribución y los impuestos del agua y de la basura: 101.000 euros. La Autoridad Portuaria de Avilés ha hecho lo mismo, pero un impago continuado del alquiler de la concesión de los muelles de Inespal (en torno a 400.000).

Los peritos de Domenech señalan también: “se hace mención a ciertos impagos que se pueden haber producido a algunos empleados de las fábricas, pero sin ofrecer ningún dato al respecto: ni número de empleados afectados, importes, si se trata solamente de algún retraso o son impagos efectivos, etc. Simplemente, se menciona en el Informe de la Intervención Judicial que son manifestaciones realizadas por algún empleado”. Y apostillan: “Evidentemente, estos comentarios no parece que puedan ser considerados como una prueba sólida de la presunta insolvencia”.

Todo lo contrario, el director financiero actual, Gómez Martínez, señala que la empresa que le emplea es solvente: “Conozco el plan industrial y financiero del Sr. Domenech para las plantas. Me consta que se está cumpliendo, habiéndose realizado inversiones por más de 5 millones de euros hasta el momento. El plan ha sido validado por una consultora internacional de reconocido prestigio, FTI Consulting”.

Búsqueda del dinero que se llevó Parter

Los actuales gestores de Alu Ibérica explican que se hicieron con las plantas por su deseo de ampliar sus negocios. Ponderan la capacidad empresarial de Víctor Rubén Domenech. “No es nuevo”, señalan. En el sector aluminero, sí. Viene, apuntan, del sector químico. Accedió a las plantas “haciendo una transferencia de 13 millones de euros (más de 15 millones de dólares) a una cuenta bancaria suiza”, reconocen desde Alu Ibérica. ¿A nombre de quién? “De una empresa vinculada a Parter Capital Group”. El Fiscal del caso Alcoa pidió el miércoles que se inicien las pesquisas para saber qué pasó con ese dinero. La empresa Alu Ibérica no sabe si después de hacer el depósito ese dinero “se centrifugó” (desapareció en otras cuentas), si sigue allí, en el país helvético, “o ha vuelto a Madrid”. Lo que sí que saben es de donde salió: de las cuentas de la fábrica a través de una “asistencia financiera”, que es una operación prohibida por la Ley de Sociedades de Capital (no se puede comprar una empresa con el dinero de esa empresa). Esta búsqueda es la madre del cordero del caso Alcoa. La instructora quiere saber cómo se produjo la venta de las fábricas de Alcoa a una sociedad sin experiencia en el sector como Parter. “Muy pronto se dieron cuenta de que las fábricas les venían grande por eso cuando Domenech manifestó su deseo de hacerse con las plantas, ellos dijeron que sí”, señalan desde Alu Ibérica. Se da la circunstancia de que esta transferencia era una acción prohibida en el contrato celebrado por Alcoa y Parter y que Alcoa no denunció.

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