El Ayuntamiento de Castrillón tiene que abonar 10.784 euros como indemnización a una vecina que sufrió una fractura del tobillo derecho tras caer por las escaleras de acceso a un parque público de Piedras Blancas. El Consistorio y la accidentada llegaron a alcanzar un acuerdo por el que la mujer recibiría el doble de esta suma: 22.755 euros.
El Consejo Consultivo del Principado, en cambio, considera que esta no fue lo suficientemente “diligente” y concluye que la administración solo debe asumir “en proporción limitada las consecuencias dañosas derivadas de la caída”.
El incidente se produjo a las once de la mañana del 26 de agosto de 2018 por la excesiva altura del último peldaño de la escalera. La mujer defendió, y así quedó constatado después, que en la zona no había ninguna señal o advertencia alertando de la diferencia de altura de ese último peldaño ni barandilla a la que poder sujetarse. No llevaba nada que pudiera desviar su atención de la marcha (llevaba el móvil en la mochila) y no había motivos para un resbalón, puesto que fue aquella una jornada soleada.
La accidentada quedó tendida en la acera y fue atendida por varios paseantes. Ya en el hospital, se le diagnosticó una fractura luxación trimaleolar del tobillo que la llevó al quirófano. Estuvo de baja varios meses, lo que le imposibilitó desempeñar su profesión habitual (estaba de alta en el régimen de autónomos como esteticista).
Aseguró que la caída se produjo por la falta de diligencia de la administración, al mantener en tal estado la escalera, y reclamó 22.755 euros por los días de incapacidad y los perjuicios económicos por no haber podido trabajar durante casi nueve meses.
El Consistorio defendió que la accesibilidad al parque en el que se produjo la caída se encontraba garantizada por “existen rampas”, pero acabó firmando una propuesta de acuerdo con la mujer que consistía en abonarle 21.568 euros de indemnización si esta renunciaba a cuantas acciones y derechos pudiesen corresponderle. Fue en marzo de 2021 cuando la reclamante manifestó su conformidad con la indemnización y solicitó su abono a la mayor brevedad, tras reconocerse desde la Administración que las escaleras donde cayó no están ajustadas a la normativa de supresión de barreras.
No obstante, el Ayuntamiento castrillonense solicitó dictamen al Consejo Consultivo, que concluye que la mujer también tuvo parte de culpa puesto que la diferencia de altura del escalón era perfectamente visible y existía una ruta alternativa “próxima y accesible”.
