Fernanda del Castillo, presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), habla con LA NUEVA ESPAÑA con motivo del coloquio sobre la nueva ley de eutanasia celebrado ayer en el centro cultural Valey de Piedras Blancas.
–¿Cree necesario fomentar la difusión de esta nueva ley?
–Sí. Esta legislación, al ser nueva, llega mal a la ciudadanía. En general, hay poca información sobre ella, a pesar de que en el texto se incluye una disposición en la que se asegura su máxima difusión.
–¿Cuáles son los aspectos más importantes de esta ley?
–Es un nuevo derecho social que da respuesta a la necesidad de las personas que padecen un gran sufrimiento de tener una muerte digna. Es una ley garantista, muy completa, que favorece a toda la sociedad a pesar de que solo ayude a unas pocas personas.
–¿Por qué el testamento vital es parte fundamental de esta ley?
–El testamento vital deja por escrito, en pleno uso de las capacidades, qué cuidados quiere recibir una persona y cuáles no. Si una persona pierde sus capacidades y tiene este documento hecho puede acogerse a la ley. Es una petición única y exclusiva de la persona solicitante. Aunque el testamento vital lleva en vigor en Asturias desde 2008, se calcula que solo un 0.77% de la población lo tiene hecho.
–¿La objeción de conciencia de los médicos va a ser un impedimento aplicar la ley?
–Quiero recordar que los verdaderos protagonistas son las personas solicitantes de eutanasia y no los sanitarios, que somos secundarios. La objeción de conciencia es un derecho que está recogido en la ley, sí, pero a mi parecer no va a haber un aluvión de objeciones por parte de los médicos.
–¿Cuál es el cometido de la comisión de garantía y evaluación?
–La comisión de garantía y evaluación no tiene por qué retrasar las peticiones de eutanasia. Su cometido es determinar si se cumplen los requisitos establecidos por la ley o no. No debe hacer otras valoraciones.
–¿Cuántas personas se estima que se verán beneficiadas?
–Se estima, atendiendo a lo que ocurre en otros países, que alrededor de un 1% de la población se acogerá a esta ley. Aunque al principio serán menos, una vez la gente conozca la norma y su funcionamiento este número de personas crecerá.
