La Ministra de Industria, Reyes Maroto, tiene previsto acudir a la sede central de la multinacional Alcoa, en la ciudad norteamericana de Pittsburgh, el próximo lunes. O esto es, al menos, lo que su jefe de gabinete comunicó ayer a los representantes del comité de empresa de Alu Ibérica en La Coruña. En cartera lleva la crisis del aluminio entera: la compraventa de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña, primero al fondo Parter Capital Group y, después, a la entidad comercial del Grupo Industrial Riesgo. Y también el episodio de San Ciprián (actual Alcoa).
La reunión con los trabajadores gallegos se celebró vía telemática y en ella participaron, aparte del jefe de Gabinete de Maroto, un representante de la Abogacía del Estado (el Gobierno está personado en la causa penal que instruye el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional y que trata de descubrir cómo se produjo la compraventa de una fábricas que primero costaron un 1 dólar norteamericano y terminaron al final en trece millones de euros). Además, estuvieron presentes varios altos cargos de la Xunta de Galicia.
Los trabajadores de la planta de A Grela salieron del encuentro digital “con el mismo desencanto de siempre”, señaló Juan Carlos López Corbacho, el presidente del comité de la planta aluminera en La Coruña. “Podemos tener una sentencia buena, pero lo que no tenemos es justicia... todo va muy lento y los que pagamos esta lentitud somos nosotros”, añadió López Corbacho. Y es que la visita de Maroto a los responsables mundiales del fiasco del aluminio español se produce a poco más de diez días de que concluya el período de protección sellado, precisamente, por Alcoa y su primer comprador, el fondo que dirige Rüdiger Terhost y que la multinacional consideró óptimo para llevar las fábricas de las que se quería deshacer, a pesar de su indubitada insolvencia en el sector.
La crisis del aluminio, que lleva más de dos años activa, dio ayer un nuevo salto mortal. El comité de empresa de Avilés presentó una denuncia en la Inspección de Trabajo sobre una pretendida falta de de carga efectiva de trabajo de toda la plantilla. Y es que la dirección de la empresa en Avilés, es decir, Sergio Aragón Espallargas puso “a barrer” a la plantilla ante la ausencia de chatarra que fundir y ante la falta de material “pure” para fabricar los tochos de aluminio, que es ahora la razón de ser de la fábrica avilesina después de que los actuales gestores –que están intervenidos por orden judicial– concluyeron al decidir no arrancar las cubas electrolíticas.
Esta denuncia se suma al centenar largo de ellas que, de manera individual, han presentado todos y cada uno de los trabajadores de la plantilla. Además, existe una resolución de hace algunos meses, también de la Inspección de Trabajo en la que abre un expediente a la dirección de Alu Ibérica precisamente por dar el trabajo adecuado a su personal (llegó, incluso, a enviar a parte de su plantilla a limpiar váteres).
Esta colección de denuncias de los trabajadores contrastan con el primer pago efectuado por la empresa a la representación sindical. Abonó –a través de un embargo– los 30.000 euros que decidió no pagar para atender la cláusula de ocio y deporte del convenio colectivo.
