Los servicios jurídicos del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) señalan a la multinacional norteamericana Alcoa como partícipe necesario en el “plan criminal” (así lo califican) de la compraventa de las plantas alumineras de Avilés y La Coruña, lo que está investigando actualmente la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional. Y es que la compañía había presentado a la misma jueza una serie de documentos con los que, a juicio de CC OO, trata de evadir su responsabilidad sobre la trama que ha causado la crisis del aluminio que lleva más de dos años activa y ha colocado las plantas en una situación de improductividad manifiesta, tanto que la representación sindical de la fábrica de Avilés ha vuelto a denunciar a los actuales responsables de la aluminera por falta de carga efectiva de trabajo para toda la plantilla (ayer, en San Balandrán estaban mano sobre mano esperando un camión de aluminio “prime” y ninguno de chatarra que fundir).
La defensa de Alcoa había señalado a la jueza instructora del caso de descapitalización de las plantas alumineras que ella misma había reclamado 40 millones de euros por daños y perjuicios a Grupo Industrial Riesgo y a Parter Capital Group, que sucedieron a la multinacional en la propiedad de las fábricas, por haber obrado en contra de lo establecido por el contrato firmado hace casi dos años. El sindicato señala, sin embargo, que esta posición de Alcoa “no coincide con la realidad”. Recuerdan que fue la compañía multinacional la que estableció los criterios de venta de las fábricas y la que consideró que Parter Capital –sin experiencia en el sector– era el fondo adecuado para explotar el negocio de fabricar aluminio primario, es decir, aluminio puro.
CC OO acusa a Alcoa, además, de haber consentido que Parter Capital diera un paso más y vendiese buena parte de sus acciones a la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, el que dirige David Domenech. Y es que la multinacional no obligó –pudiendo– a retrotraer la operación a su inicio, es decir.
El sindicato le comunica a la instructora que Alcoa supo de la operación de compraventa, que estaba prohibida, y que miró para otro lado hasta este pasado mayo. Esta posición de Alcoa es para el sindicato CC OO “un legítimo deseo exculpatorio”, pero nada más.
La respuesta que hace CC OO a la comunicación de Alcoa a la jueza instructora del caso de despatrimonialización de las fábricas la acompaña de un documento en el que los dos presidentes de los comités de empresa (de Avilés y de La Coruña) le explican a Álvaro Dorado (presidente de Alcoa España) cuáles son los incumplimientos que, a juicio de los sindicalistas, han incurrido tanto Parter como Riesgo. Ese documento, que data de septiembre del año pasado, lo recibió no conforme el propio Dorado.
