La planta de Avilés de la empresa Alu Ibérica lleva desde el pasado día 8 sin producir ni un solo gramo de aluminio fundido y, en consecuencia, sus trabajadores llevan desde ese mismo día mano sobre mano. Y, pese a ello, la dirección de la empresa considera que “la medida de administración judicial va a comportar la muerte de la vida de las plantas, su cierre definitivo, con irreversibles consecuencias para el empleo y la actividad económica”. Y justifican esta apreciación con este argumento: “Nadie va a querer suministrar ni operar con un administrador judicial en las plantas”.
El nombramiento de un administrador judicial para las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña está encima de la mesa de la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, pero aún se ha pronunciado.
El parón de la actividad en las plantas alumineras en crisis desde hace casi tres años ha sido tónica habitual desde la toma de control de las fábricas por parte de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo que dirige Víctor Rubén Domenech junto a Alexandra Camacho, los dos, investigados por la Audiencia Nacional como presuntos autores de una despatrimonialización encubierta de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña. Esta toma de control se produjo en abril del año pasado.
Lo que sucede desde hace diez días –tener la fábrica parada tantos días consecutivos– es algo inédito en el devenir de una crisis que va camino de dejar la planta de Alu Ibérica como un solar. Las otras paradas de producción se habían debido, normalmente, a impagos a proveedores que días después se sustanciaban de alguna manera. Lo llamativo es que, pese a haber pasado las inspecciones de calidad en la producción, la fábrica ha perdido los índices de calidad por no abonar la cuota correspondiente.
Consideran los servicios jurídicos de Alu Ibérica que el nombramiento de un administrador judicial es una medida “gravosa, dañina y desproporcionada”. Y esto es así porque, sostienen, “faltan los indicios de delito”. Lo que busca la jueza es una explicación a que Parter Capital Group hubiera pagado a Alcoa un dólar americano por las fábricas en julio de 2019 y que en abril de 2020 Grupo Industrial Riesgo abonase a Parter Capital 13 millones de euros. Dicen los abogados de Alu Ibérica que esto tiene fácil explicación: “Lo único, por lo demás admitido en la vista de medidas cautelares, que se produjo, fue un caso de asistencia financiera en la compra de las plantas. La financiación se restituirá en virtud del contrato firmado y se aportará aval al respecto. Dicha asistencia financiera no constituye delito alguno”. La “asistencia financiera” es coger dinero de la empresa que se va a adquirir para adquirir esa misma empresa. Es un acto prohibido por la ley de Sociedades de Capital, que es la que rige las relaciones en las empresas.
Riesgo prometió devolver los 13 millones que dio a Parter Capital y presentar avales si la jueza determinaba no nombrar un administrador a las plantas. Esta propuesta fue tomada por los abogados de los sindicatos como “un chantaje”.
En este mismo orden de cosas, la empresa Alu Ibérica ha solicitado permiso a la jueza de la Audiencia Nacional, la magistrada María Tardón, para abonar la paga extra de verano que adeuda a sus trabajadores desde el pasado día 15. “La situación en la fábrica se hace insostenible”, señalaron los trabajadores avilesinos. Y es que el tic tac del final del dinero de Alcoa está a la vuelta de la esquina: el próximo día 31 de julio termina el período que prohibe despedir a las plantillas.
Nuevo juicio
El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) anunció ayer que se va a personar como acusación particular en el proceso mercantil abierto entre la multinacional Alcoa y el fondo suizo Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo. Lo que busca el sindicato es acceder a toda la información relevante para los trabajadores de las alumineras afectadas por la operación comercial de compraventa de las fábricas de Avilés y La Coruña.
Alcoa reclama al Grupo Industrial Riesgo y a Parter Capital Group 40 millones de euros en concepto de daños y perjuicios porque considera que la operación financiera que hicieron incumple el contrato de compraventa. Y es que sostienen que en el contrato –que se celebró en abril de 2020– hay una cláusula que prohibe la operación que investiga la Audiencia Nacional (tomar dinero de la fábrica para comprar esa misma fábrica).
