La ausencia de la crisis aluminera asturiana (la de la antigua Alcoa) en las conclusiones oficiales de la reunión que mantuvieron el martes la Ministra de Industria, Reyes Maroto, y el director ejecutivo de la multinacional aluminera, Roy Harvey, ha vuelto a poner de acuerdo a toda la oposición al Gobierno del Principado: subrayan la “irrelevancia” de Adrián Barbón en la protección del sector aluminero asturiano. Los socialistas, mientras tanto, senalan a Alcoa como responsable de la situación en que están los trabajadores de la planta de San Balandrán: el próximo día 31, la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo deja de recibir dinero de Alcoa y abre la puerta a los despidos masivos, según un informe que encargaron a FTI Consulting y que desveló ester periódico.
Gimena Llamedo, la secretaria de Organización de la FSA-PSOE, señaló: “El compromiso de la ministra Maroto con Alcoa está fuera de toda duda, es evidente su implicación personal y así se lo agradecemos los socialistas asturianos. Lo realmente importante es que Alcoa tiene que dejar de ser un obstáculo y pasar a formar parte de la solución para todas las factorías, incluida, sin duda alguna, la de Asturias. Así lo venimos reclamando desde hace tiempo. Lo contrario sería tan incomprensible como irresponsable. Ahora toca trabajar con discreción y constancia”.
“Cada paso que da este Gobierno deja aún más en evidencia lo irrelevante que es el Gobierno de Barbón es en el conjunto de España”, señaló Álvaro Queipo, el secretario general del Partido Popular en Asturias. “Al Gobierno le falta mordiente: no siente Asturias”, añadió el también diputado regional. Sergio García, de Ciudadanos, por su lado, destacó: “Es lamentable y desde Ciudadanos vemos con total desánimo que en la agenda de Pedro Sánchez no estén las prioridades de Asturias”. Daniel Ripa, el secretario general de Podemos, por su parte, abundó: “Es inaceptable que la Ministra de Industria no haya aprovechado su reunión con los máximos responsables de Alcoa para exigir que cumplan la sentencia de la Audiencia Nacional”.
Adrián Pumares, el portavoz de Foro en la Junta, señaló: “Los gobiernos de Asturias y de España son cómplices de haber llegado a este punto, avalando un proceso de venta que no contó con las mínimas garantías”. Ángela Vallina, portavoz de Izquierda Unida, apuntó: “El Estado no puede permanecer ajeno a la crisis de nuestras plantas de aluminio y como ya hemos pedido en otras ocasiones, sí es necesario que la SEPI entre para garantizar su viabilidad”. Ignacio Blanco, de Vox, señaló: “La Ministra no nombra a Aviles porque la factoría asturiana de Alcoa acabó en manos del Grupo Riesgo por una decisión del Gobierno de Sánchez”.
Alu Ibérica pide millones a los sindicatos
La representación legal de la empresa Alu Ibérica asegura que sus gestores han invertido cinco millones de euros en el desarrollo de sus plantas. Y dicen más: que si la Audiencia Nacional nombra un administrador judicial para las fábricas esos millones “deberán ser compensados”. También dice que “se formula desde ya expresa reserva de acciones legales para obtener resarcimiento de dichos perjuicios”. Considera que deben ser los sindicatos los que carguen con esos daños y perjuicios dado que son ellos los que reclaman que la jueza María Tardón nombre un administrador. La fábrica de Avilés seguía ayer (20 de julio) sin producir un solo gramo de aluminio. La ausencia de producción comenzó el pasado día 8. Los abogados de Alu Ibérica, los mismos que los de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, cargan contra los sindicatos, que son la acusación particular. Dicen que la oposición que presentaron a los argumentos de la empresa no es válida (presentaron un informe pericial en el que se puede leer que se ha hecho con la información que la empresa proporcionó, esto es, que no es una audItoría). Dicen los representantes de la empresa que “los informes periciales no son ni cumplen la función de informes de auditoría”.
