El sindicato CC OO, uno de los personados en las acciones judiciales emprendidas contra los gestores de Alu Ibérica, la empresa aluminera con fábrica en Avilés, ha puesto en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional un extracto del informe de la Unidad de Delitos Financieros y Económicos (UDEF) de la Policía Nacional a modo de prueba de la comisión de graves delitos económicos que hacen aconsejable imponer con urgencia una administración judicial a la compañía, hasta 2019 propiedad de Alcoa. Dicho extracto del informe de la UDEF describe operativas empresariales tendentes a generar artificialmente deudas por importe de más de 1,43 millones de euros. El aparente objetivo de esas maniobras sería, según los expertos de la UDEF, “distraer capitales de las plantas de producción”.
El sindicato CC OO hace ver a la juez que debe tomar la decisión sobre la administración judicial la existencia cierta de “riesgo de descapitalización de Alu Ibérica” mientras el equipo de Grupo Riesgo siga al frente de la compañía en réplica a la negación de haber cometido delito alguno que formuló la propiedad, personificada en David Domenech. Y para ello se remite al informe de la UDEF, que dice: “Se han reconstruido cuatro operaciones preconcebidas, relacionadas con los préstamos que System Capital Management (Iberian Green Aluminium) concedió a las plantas de producción de aluminio con fondos desviados previamente de las mismas, que efectivamente llegaron a sus cuentas bancarias mediante la emisión de facturas que no ampararían la prestación de servicio alguno. De este modo se generaron artificialmente deudas para Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC por importes de 810.300 y 622.205 euros, respectivamente”.
A la vista de la supuesta existencia de “facturación fraudulenta” y “negocios jurídicos sin realidad que los amparase”, Comisiones Obreras de Industria interesa el nombramiento de administradores judiciales dada “la falta de rigor y profesionalidad de los actuales”.
