Un administrador judicial se hará cargo de la empresa Alu Ibérica y de todas las sociedades que constituyen el Grupo Industrial Riesgo a partir del próximo lunes. Lo hará, en principio, durante seis meses, aunque este período de tiempo es prorrogable.
La magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha determinado esta medida, entre otras razones, para salvar las fábricas de aluminio cuya viabilidad la han puesto en peligro sus actuales propietarios, tal y como señalan los interventores que se hicieron cargo de las cuentas este mes de abril y subraya la fiscalía.
Los interventores que llegaron en primavera a las plantas se encontraron con zancadillas puestas por los dueños de las fábricas y esto se lo hicieron ver en un informe a la magistrada instructora del caso de despatrimonialización fraudulenta de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña.
Entre estas zancadillas, la magistrada señala documentos que los propietarios enviaron a los administradores que, presuntamente, no concordaban con la realidad. Asimismo, la jueza señala también como obstáculo la aprobación de operaciones sin permiso de los interventores.
María Tardón rechaza las alegaciones de los propietarios que pusieron en solfa el trabajo de los auditores a los que cesa de manera consecuente al nombramiento de un único administrador para todas las sociedades.
Grupo Industrial Riesgo anuncia que recurrirá el auto de la Audiencia Nacional.
