El pasado 7 de julio la vida de una familia avilesina dio un giro inesperado: desde entonces viven en una situación de “desesperación máxima” y con la sensación de “desamparo total”. Llevan 22 días sin luz en su vivienda, en la que residen desde hace treinta años. Su distribuidora, la que los ha dejado a oscuras, los acusa de haber manipulado el contador, y los vecinos, sobre los que no se ha aplicado ninguna presunción de inocencia, niegan la mayor.
“Llevamos más de treinta años en esta casa y sin ninguna incidencia, obviamente. Nuestro consumo es de, aproximadamente, 300 euros cada dos meses”, explica el hijo de los afectados en un detallado correo electrónico que ha remitido a la Unión de Consumidores en busca de ayuda.
Desde la UCE apuntan que este no es un caso raro ni aislado: “Es un procedimiento que realizan las eléctricas y que es como una ruleta rusa, te puede tocar o no. Ahora esta familia tiene que demostrar que no hizo ninguna trampa, pero la han dejado sin capacidad de defensa”, argumenta Dacio Alonso, responsable de la Unión de Consumidores, que arropará en la vía judicial a la familia avilesina. Pero clama, como los afectados, porque se les restaure el suministro. “Esto es un atropello”, precisa, y agrega: “Ya hemos tenido más casos y las eléctricas han tenido que pagar por sus fallos, pero una familia no puede estar sin luz un día tras otro”.
El caso avilesino comenzó el 7 de julio. Eran las 10 de la mañana. “Entonces, dos operarios, sin identificarse, sin indicar el motivo ni dar opción a nada más que a tomar una foto rápida del instante que lo llevan a cabo nos indican, tras insistirles, que nos van a cortar la luz por presunto fraude y que tienen derecho a ni avisar del corte”, señala el hijo de los afectados, que tiene a su madre recién operada.
Y continúa el relato: “Los técnicos se van del lugar sin haberse identificado, sin dejar parte del servicio y sin indicar absolutamente nada”. Los contadores, según el afectado, fueron cambiados en los últimos años “sin que la empresa distribuidora observara ningún tipo de anomalía en absoluto”. Ante esta situación, la familia procede a presentar una denuncia ante la Policía Nacional: “Nos indican que no aceptan este tipo de denuncias y que el resto del cuerpo de seguridad tampoco, que no perdiéramos el tiempo”.
Entonces comenzó la peregrinación de un mostrador a otro en busca de respuestas, y de luz. “La impotencia es total y absoluta, y la capacidad de acción es nula, visto lo visto ante este ensañamiento por parte de la distribuidora, en particular, y de las instituciones, en general. Esta situación es lo más parecido a un desahucio”, claman los afectados.
Siguiendo con el relato cronológico, la familia, a punto de ser dada de alta por su comercializadora, vuelve de nuevo a las tinieblas: “La distribuidora indica que rechaza el alta por carecer de un certificado de seguridad. Dicho certificado se remite a todas las partes. Asimismo, se envía al Principado, que lo remite también a la distribuidora. En este punto de la infame situación hay más de ochenta llamadas realizadas pidiendo información acerca de cómo proceder, qué aportar y forma de agilizar cualquier posible trámite existente, además de acudir a distintos centros municipales pidiendo información al respecto y algún tipo de amparo legal”, recalcan.
La situación en la que vive esta familia avilesina es “terrible, nefasta”. “Mi madre, recién operada, ha visto deteriorarse severamente su estado de salud. Mi padre, además, es incapaz de trabajar desde casa ante la falta de luz, lo que le está generando un perjuicio profesional, además del personal. Por mi parte, ocurre lo mismo, no me es posible trabajar desde casa y, personalmente, estamos todos absolutamente destrozados ante el desasosiego, la incertidumbre y el desamparo existen por parte de cualquier sistema estatal, regional y local”, advierten.
“Yo no he sido”
Desde la Unión de Consumidores de Asturias, que dirige Dacio Alonso, aconsejan que si hay una acusación de manipular el contador y esta es falsa se debe reclamar. “En los últimos años, algunos usuarios están recibiendo notificaciones de su compañía en donde se les acusa de algo injustamente: de manipular el contador para pagar menos. Por supuesto la compañía no aplica ninguna presunción de inocencia y te culpa, a veces sin ofrecerte pruebas, de ser el responsable de manipular tu contador a tu beneficio”, explica Alonso. Después llega la multa.
“La factura que tendrás que pagar si no quieres que te corten el suministro o ser añadido a una lista de morosos ronda los 2.000 euros de multa”. ¿Y si es mentira? “Lo primero que hay que hacer si te encuentras en este problema es reclamar a la empresa distribuidora para conseguir el informe de inspección junto con las fotografías donde se supone que se demuestra que el contador se manipuló".
Y añaden: "Se trata de tener las pruebas en las que se ha basado la compañía para acusarte, y así posteriormente reclamar. Lamentablemente las vías de reclamación amistosas no están dando el resultado favorable que nos gustaría y, por lo tanto, habría que ir a juicio o reclamar ante la Administración. En el peor de los casos, este juicio puede llevarte a una condena en costas: pero si acudiste sin abogado ni procurador (por reclamar una cantidad inferior a 2.000 euros) solo podrían pedirte que pagues el desplazamiento al Juzgado del representante de la eléctrica”, precisan.
Los afectados puntualizan: “Pese a que las eléctricas se defienden diciendo que se limitan a aplicar la ley, ya hay varias sentencias judiciales que condenan la indefensión del consumidor en estos casos. Los socios de UCE ya están ganando juicios a las eléctricas y a las compañías de gas con sentencias favorables sobre manipulación incorrecta en el contador. Nuestros socios ya están recuperando el dinero que nunca debieron pagar”.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha reconocido que el sistema actual “es injusto y se ha puesto a trabajar para mejorarlo”. Desde la UCE urgen a su vez a Industria a que actúe. “Acusar de manipulación es grave, sobre todo porque no hay pruebas objetivas. El consumidor se encuentra en una clara situación de indefensión porque, en el momento en el que el inspector acude, nadie más que él está presente”, subrayan.
“Por tanto, en UCE defendemos que, en el caso de detectarse alguna anomalía en el contador, el inspector debería avisar a la Dirección General de Industria de la comunidad autónoma correspondiente para que fueran ellos, a través de la presencia de un funcionario, quienes verificaran de manera imparcial la manipulación. Así lo entiende también el Defensor del Pueblo”, concluyen. Ayer la familia avilesina seguía sin luz. Era el día 22.
