En Alu Ibérica (la antigua Alcoa) parece que se abren las ventanas para dejar entrar aire nuevo en las instalaciones. La semana que viene –desde este mismo lunes– la Audiencia Nacional toma el control de las dos fábricas de aluminio que funcionan bajo el mismo nombre comercial, las de Avilés y La Coruña, y, además, del marabayu de sociedades que la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo ha creado para controlarlas y para también, presuntamente, despatrimonializarlas de manera fraudulenta, según se desprende de la instrucción judicial abierta a cuenta de una querella promovida por los sindicatos representados en los dos comités de empresa.

“Esta medida es la que veníamos reclamando desde hace tiempo y por eso la aplaudimos. Significa que nuestro final no será tan dramático como esperábamos porque este domingo termina el período de protección, es decir, Alcoa termina su compromiso de pagarnos y desconocíamos qué altura tenía el precipicio desde el que nos íbamos a caer”, señalaron desde el comité de empresa de Avilés.

Y es que la titular del Juzgado central número 3 del tribunal madrileño, la magistrada María Tardón, ha nombrado a un administrador judicial. Se llama Ramón Juega Cuesta y es abogado, auditor y profesor asociado de la Universidad de La Coruña. Tiene la encomienda de evitar “la muerte” de las sociedades a partir del lunes. La defensa de Alu Ibérica, que considera que la administración judicial era, precisamente, “la muerte” de la sociedad porque nadie iba a proveer a una empresa administrada judicialmente, ha anunciado el recurso contra la medida dictada por Tardón. Esto, sin embargo, no va a evitar que el nuevo asesor de la jueza se ponga manos a la obra.

La tarea inmediata que tiene por delante, según señala la jueza Tardón, es que en dos meses debe presentar un informe previo del estado en que se encuentran las empresas propiedad de Víctor Rubén Domenech (que también responde como David Domenech) y tiene, por el momento, medio año para poner orden en el desordenado devenir de unas fábricas que esta semana quedaron a cero gramos de aluminio de producción y cuyos trabajadores no han cobrado ni la paga extraordinaria de julio y, ayer (la fecha que marca el convenio como límite), tampoco, la nómina de este mismo mes.

La Audiencia Nacional asegura que el nombramiento de administrador judicial sólo tiene una explicación: “La actuación de los actuales gestores”. Para la jueza Tardón son “un obstáculo real, cierto y serio para tal viabilidad, llegando a impedir, de facto, la posibilidad de conocer, incluso, su estado de solvencia económica”.

Las distintas acusaciones particulares señalaron ayer en un comunicado conjunto: “No entendemos la inacción por parte del Ministerio de Industria en todo el proceso, ya que las únicas medidas judiciales y sindicales han venido desde la parte social. De forma inmediata el Ministerio debe tomar el control de las plantas a través de los mecanismos que sean oportunos, garantizar su viabilidad, algo en lo que hasta ahora también se ha puesto de perfil”.

Cita con la ministra de Industria

La ministra de Industria, Reyes Maroto, tiene previsto reunirse esta tarde con el comité de empresa de Alu Ibérica de La Coruña en la delegación del Gobierno en Galicia. En el encuentro está previsto que participe también el Vicepresidente Segundo y conselleiro de Economía de Galicia, Francisco Conde. El comité coruñés subraya que el encuentro estaba previsto antes del reciente viaje a los Estados Unidos de Maroto. Este encuentro es espejo al que celebró la representante ministerial en Asturias a mediados de junio pasado. Maroto también tiene previsto presentar el plan especial del Xacobeo esta mañana. Este sábado, el último día del período de protección de los trabajadores de Alu Ibérica, está previsto un encuentro entre una delegación del comité de Avilés y los alcaldes de Avilés y Gozón: Mariví Monteserín y Jorge Suárez.

Una oportunidad, para el Principado

El Principado de Asturias ve en el auto de la magistrada titular del Juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional por el que decide nombrar un administrador judicial en las fábricas de Alu Ibérica de Avilés y La Coruña una oportunidad para el futuro de las plantas. “Esto va a facilitar la posibilidad de analizar y atender a los posibles inversores interesados en la planta asturiana”, señaló ayer Rosana Prada, directora general de Industria.

El auto de la magistrada supone que a partir de la próxima semana sea un delegado judicial el que se encargue de “la protección del patrimonio de las sociedades intervenidas, así como de los derechos de los acreedores y los trabajadores de dichas sociedades”. Para Prada, el control de las cuentas y de las decisiones empresariales es fundamental. “Es algo que venimos reiterando desde hace tiempo en la Administración regional”, recalcó.

“La transferencia de Alu Ibérica a manos de un inversor viable y solvente permitiría, sin duda, retomar la actividad y asegurar el empleo”, añadió Prada. “En este punto, por supuesto, apoyamos a la plantilla”. El nombramiento del administrador judicial lleva consigo el cese de los interventores que realizaron un informe que sirvió a la Audiencia Nacional para cambiar la gestión de todas las sociedades. La magistrada también se apoya en la Unidad de Delitos Económicos de blanqueo de capitales.