La planta de aluminio primario de San Ciprián, en la provincia de Lugo, ha conseguido un poco de futuro. La fábrica y también sus trabajadores. Y así también toda la comarca de A Mariña. Y esto es así porque el Ministerio de Industria y la multinacional Alcoa acordaron en Pittsburgh, en Estados Unidos, una solución para parte de la crisis del aluminio montada por la compañía norteamericana en España: un compromiso de la compañía que preside Roy Harvey de mantener su actividad industrial si logra ayuda para alcanzar un acuerdo bilateral entre la aluminera y un proveedor de energía a precio adecuado (al menos el 40 por ciento de la factura de hacer aluminio puro tiene que ver con el consumo de electricidad).
La ministra Reyes Maroto valoró la oferta de Alcoa como “constructiva para avanzar en la búsqueda una solución definitiva y garantizar la viabilidad de la planta y, especialmente, mantener los puestos de trabajo y las capacidades productivas. Es una buena señal que la empresa cambie de actitud y desbloquee el problema existente en la planta tal y como le solicité a su CEO hace dos semanas. El Gobierno siempre ha exigido a Alcoa que fuera parte de la solución y trabajar todos juntos –Ministerio, Xunta, sindicatos y empresa– para garantizar el futuro de la comarca de A Mariña”.
A los representantes sindicales de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña les parece positivo este acuerdo alcanzado entre el Estado y sus antiguos patrones (lo fueron hasta 2019) para la fábrica de Lugo, aunque este sea el único que haya explicitado el Ministerio de Industria de manera oficial.
Las instalaciones de San Balandrán y A Grela –bajo el nombre comercial de Alu Ibérica– entran esta semana que viene en una administración judicial por orden de la Audiencia Nacional. Así que, el futuro más o menos halagüeño que le espera a Lugo contrasta con el que queda pendiente en Avilés y La Coruña. La ministra Maroto dijo el jueves en Galicia que la semana que viene se conforma un grupo de trabajo para buscar inversores para las alumineras. En este grupo estarán presentes el Estado, las autonomías y los trabajadores. Pero los de Avilés no se sienten concernidos por esta invitación: “El comité de empresa no está para buscar inversores”, señalaron. “Estamos en una situación agonizante: la fábrica está sin actividad, no hemos cobrado la nómina de julio, ni tampoco la paga extraordinaria. El administrador judicial tiene estos dos problemas inmediatos”. “No queremos quedarnos enjaulados en la fábrica, sin porvenir”. Y es que el presente que tienen cada día –sobremanera desde el pasado día 8– es cumplir con su contrato, es decir, ir cada día a la planta, pero para no hacer nada y, además, sin cobrar.
Para los trabajadores avilesinos el grupo de trabajo que ha propuesto la Ministra de Industria en la reunión que tuvo con los representantes sindicales de la planta de La Coruña “son cantos de sirena” de los que hay que huir. Y es que la memoria que tienen de la gestión de Maroto de la crisis de 2019 no es la mejor de todas. “Ahora dice que aquella venta a Parter fue nefasta, pero la avalaron ellos y la avalaron los gobiernos autonómicos”, subrayan.
La Ministra explicó en La Coruña que también trabaja para encontrar una salida a la otra parte a los otros flecos de la crisis del aluminio: Avilés y La Coruña. También dijo que lo hace con discreción porque el Estado está personado como parte en el proceso judicial que instruye la jueza María Tardón y también la demanda de Alcoa contra Parter. Lo que sucede es que en Avilés y La Coruña hace tiempo que viven en el alambre y hoy es el último día del período de protección.
Piden que Alcoa pague el último plazo del acuerdo
Los sindicatos Confederación de Cuadros y Comisiones Obreras han reclamado al juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional que reclame a la empresa Alcoa Inespal –la que vendió las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña– los veinte millones de dólares del último plazo a que se había comprometido cuando en 2019 decidió vender sus instalaciones fabriles a Parter. Esta petición se hace en contraposición a la petición que hizo Grupo Industrial Riesgo, que pidió a la magistrada una aclaración acerca del auto que dictó y por el cual nombra un administrador judicial sobre las plantas. Los veinte millones de dólares tienen un fundamento claro: reactivar las cubas electrolíticas, la instalación en la que se fabrica el aluminio puro. Actualmente, las fábricas están absolutamente a cero.
