Hace dos años y medio, cuando la multinacional Alcoa comunicó a los trabajadores que quería despedirlos, en la fábrica de San Balandrán, en el concejo de Gozón, se producían 66.000 toneladas de aluminio primario (el puro). Desde el pasado 8 de julio, nada, ni un gramo. ¿Qué ha pasado entre medias?
La energía.
El aluminio primario es un producto que sale de una reacción electrolítica. El consumo de energía de este proceso es gigante. Las multinacionales grandes consumidoras tuvieron beneficios públicos para evitar desbordamientos. Hasta que dejaron de tenerlos. La elevada factura es la que está detrás de que, en otoño de 2018, Alcoa anunciara el cierre de las fábricas de Avilés y La Coruña. Pero no era la primera vez. En 2014 ya propuso despedir a sus trabajadores porque no había alcanzado los 150 millones que deseaba (se hizo con algo más de 80) a cuenta de la interrumpibilidad (dinero público por dejar de consumir).
La venta.
El 15 de enero de 2019 Alcoa les dice al Ministerio de Industria y a sus trabajadores que no cierra, que vende las fábricas. Sellan un acuerdo: en seis meses tiene que encontrar comprador. Si lo consigue habrá dos años de periodo de protección a los trabajadores. Ese periodo es el que terminó ayer. El Ministerio de Industria celebra este cambio de actitud. España, entonces, vivía un periodo irregular (con muchas elecciones en poco tiempo).
El comprador.
Alcoa elige a Parter Capital Group, un fondo desconocido sin experiencia en el sector aluminero (lo que parece que beneficiaba a la multinacional: menos competencia). El Ministerio de Industria lo avala. El 1 de agosto del año 2019, Parter se hace con las fábricas. Pero como las cubas electrolíticas habían sido apagadas, la producción de aquellos meses era minúscula.
Grupo Riesgo.
En pleno confinamiento por la pandemia de covid-19, entra en escena un grupo empresarial con menos experiencia en el sector metálico: Riesgo (que viene de la droguería y de la hostelería). Alcoa vendió a Parter por un dólar americano. Parter vendió a Riesgo por 13 millones de euros. La procedencia de este dinero (por asistencia financiera, es decir, Riesgo sacó dinero de la empresa que había comprado para hacerse con ella) es lo que está instruyéndose en estos momentos en la Audiencia Nacional.
La intervención.
Los trabajadores piden la intervención pública para salvar las fábricas. El Ministerio dice que no, que el caso está judicializado (animó a los sindicatos a ello). Y ya no hay producción, ni nóminas pagadas, ni futuro. Dos años después.
