A los representantes de los trabajadores de la empresa Alu Ibérica no les queda esperanza de futuro. “Lo que queremos es que venga este administrador judicial, confiamos en él y lo que le pedimos es premura para que no nos quedemos enjaulados en las fábricas porque ahora mismo, no nos engañemos, no hay más solución que poder irnos a nuestras casas a cobrar el paro lo más pronto posible. Es así de triste”, señaló ayer José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de la fábrica de San Balandrán, ayer, al término de un encuentro con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y con el regidor de Gozón, Jorge Suárez.
La reunión sirvió para dar finiquito al período de protección de dos años que surgió cuando la multinacional Alcoa y el fondo suizo sin experiencia en el negocio del aluminio celebraron el contrato de compraventa de las fábricas de aluminio primario (puro) de Avilés y de La Coruña. “Hoy 31 de julio, dos años después, hemos visto que todo ha fallado. Hemos visto que Alcoa vendió fraudulentamente las plantas. No solamente eso. Una de las cosas que se nos trasladó era que no se podían revender las fábricas, pero se ha hecho. Además tampoco ha cumplido con el período de dos años de garantía de las condiciones laborales y salariales nuestras”, añadió el presidente del comité de empresa que mantuvo un encuentro con la prensa junto a Monteserín y Suárez. “Instamos a Alcoa a que, por lo menos, después de lo mal que se ha comportado, ahora cumpla y haga que este tránsito, ya veremos hacia dónde, lo recorramos los trabajadores con algo en los bolsillos, que por lo menos se hagan cargo de los costes laborales”, añadió De la Uz. Y es que los trabajadores de Avilés no están cobrando, es decir, Alcoa no ha cumplido con el período de dos años “de poder cobrar”.
La alcaldesa Mariví Monteserín fue contundente al hablar sobre las decisiones que tomó Alcoa y que causaron la crisis del aluminio: “Lo que queda de manifiesto es que no cumplió ninguna de las condiciones de venta y el proceso fue desastroso lo que decimos es que la multinacional tiene que asumir el coste de los trabajadores hasta que esto se clarifique”. Monteserín recalcó su esperanza en el trabajo que desarrolle el administrador concursal.
En esto coincidió con Suárez y con De la Uz. “Como alcaldes de los concejos donde está la planta de la antigua Alcoa le pedimos al Ministerio que trabaje en un proyecto industrial de verdad y acompañe ese proyecto con los fondos europeos y con aquellas actuaciones que puedan paliar, entre otras cosas, los costes energéticos”.
Jorge Suárez, por su lado, señaló: “En esta crisis tenemos una principal responsable, que es Alcoa, que programó una venta en falso y que no cumplió sus compromisos con los trabajadores. Lo más urgente que tenemos en la mesa ahora es la protección de la plantilla”, subrayó. “El administrador judicial ha llegado tarde, pero, bueno, ha llegado. Confío en la tarea que le han encomendado”, añadió. Como Monteserín exigió “un proyecto industrial serio, espero que la Justicia ponga a Alcoa y al Grupo Riesgo en su sitio”.
Concurso de acreedores
Si lo que hay ahora es “triste”, lo que queda por venir no le anda a la zaga. “Ahora mismo desconocemos el estado en que se encuentran las fábricas. El administrador judicial ahora mismo tiene que analizar la situación financiera de las plantas para poder tomar decisiones”, aseguró el líder sindical. Las que prevén los trabajadores no son las más deseadas: “Pensamos que la situación financiera de las plantas va a ser un desastre y cuando pasa eso y no tenemos actividad y estamos todos parados, pues lo más lógico y normal es que se inste un concurso de acreedores que tendrá que buscar la viabilidad de las fábricas, si es que la hay”.
