Ramón Juega Cuesta asume la administración judicial de las dos empresas que gestionan las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña el próximo lunes día 9, según ha podido saber este periódico. El pasado día 28 de julio, María Tardón, que es la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, hizo público un auto según el cual determinaba el cese de los interventores judiciales y el nombramiento, a continuación, de un delegado judicial para “asegurar la protección del patrimonio de las sociedades intervenidas, así como de los derechos de los acreedores y los trabajadores de dichas sociedades”.
Juega Cuesta, que es auditor –de la empresa Eudita–, abogado y economista, lleva días trabajando en el nuevo desempeño que finalmente ha aceptado. El nuevo administrador judicial, que es también profesor asociado de la Universidad de La Coruña, tiene ante sí un encargo principal: hacer un informe del estado en que se encuentran las fábricas después de dos años de gestión polémica: primero por parte de Parter Capital Group y, después, por parte de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo a cuyo frente está Víctor Rubén Domenech que es el principal encausado en el proceso de descapitalización fraudulenta que investiga María Tardón.
El consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, participó ayer en la jornada inaugural del seminario “Energía, industria y sociedad: claves para una transición energética sostenible y justa”, el tercero de los incluidos en la nueva edición de los Cursos de La Granda, que se desarrolla este mes de agosto en el hotel Palacio de Avilés.
Explicó a los periodistas previamente a la inauguración que el nombramiento del administrador judicial para la aluminera facilitará la llegada de un inversor “serio y solvente”.
Sobre la fábrica de Avilés en concreto destacó su carácter atractivo “para desarrollar la actividad productiva vinculada al aluminio”. Enrique Fernández confesó que en el departamento que dirige esperan que el proceso judicial abierto contra los gestores investigados por descapitalizar las fábrica “elimine los derechos inherentes a la transmisión de la propiedad”. Y esto es así porque, aseguró: “Nosotros sospechamos que ha sido fraudulenta entre Alcoa, grupo Parter y Grupo Riesgo”. Cuando esté este camino andado será cuando se dé “paso a nuevos inversores, que es lo queremos”.
