Dicho y hecho. El Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) ya ha sacado de nuevo a licitación el contrato para el desmantelamiento de las baterías de coque de Avilés. El anuncio se publicó en la plataforma de contratación del sector público ayer por la tarde, tres días después de que el Tribunal de Contratos anulase el concurso anterior, que se había adjudicado de forma provisional a la UTE vasco asturiana Lezama-Los Álamos en 6,5 millones, la diferencia entre el importe global de la obra (13,7 millones, sin contar impuestos) y lo que se obtendrá por la enajenación de materiales y residuos (7,1 millones).
El “Contrato mixto de los trabajos de redacción de proyecto y ejecución de obra de desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de coque en Avilés” está otra vez en licitación en 15,67 millones y un plazo de ejecución de un año y medio. Como adelantó este periódico en su edición online, la propietaria de los terrenos que ocupa la coquería (Sepides), ha optado por ajustar al máximo los plazos, con el objetivo de tener adjudicados los trabajos antes de que finalice el año.
Así, las empresas interesadas en llevarse el contrato tienen 35 días de plazo para presentar sus ofertas, el mínimo que permite la normativa vigente. Este expira a las dos de la tarde del próximo 16 de septiembre. La apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas tendrá lugar el 11 de octubre. La intención de Sepides es tener adjudicado el contrato en noviembre.
El procedimiento ha vuelto a la casilla de salida tras admitir el Tribunal de Contratos, dependiente del Ministerio de Hacienda, el recurso que presentó la empresa Erri Berri a la adjudicación para el desmantelamiento y demolición de las instalaciones a la UTE vasco asturiana Lezama-Los Álamos. El organismo concluyó, como defendía Erri Berri en su recurso, que se incumplió la Ley de Contratación del Sector Público puesto que una persona que redactó el pliego formó parte de la mesa de contratación y realizó el informe técnico de valoración. Entre otros argumentos, la sociedad defendió que esto se produjo por la escasez de personal, un motivo que para el Tribunal de Contratos “no es causa suficiente”, puesto que la ley establece que no es posible redactar un pliego y estar en la mesa de contratación.
Desde Sepides recalcaron desde el primer momento que “el Tribunal no ha discutido la puntuación ni valoración realizada por parte de los técnicos, sino que únicamente ha interpretado que debe excluirse como vocal de la mesa al personal que haya redactado las prescripciones técnicas” del contrato.
La nueva mesa de contratación pasa a estar integrada por Fernando Albert Aragón, secretario general de Sepides (presidente); Begoña Medina Fernández, directora de Asesoría Jurídica de la sociedad (secretaria); Javier Catalán Donoso, subdirector de Contabilidad (vocal); Mariví Sánchez Rodríguez, directora de Planificación y Control (vocal), y Luis Miguel Rodríguez Metola, técnico de la Dirección de Negocios de la Actividad inmobiliaria de Sepides (vocal). En el caso de la ausencia del secretario general, asumirá la presidencia de la mesa de contratación la directora de la Asesoría Jurídica Inmobiliaria. En dicho supuesto, la secretaría de la mesa será asumida por un técnico de la asesoría jurídica.
El contador para la cuenta atrás de la demolición de las Baterías se activa de nuevo.
