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El nuevo reto del “Avilés Alquila”: alcanzar los 50 pisos en el mercado en 2022

Se han suscrito 239 contratos de arrendamiento en diez años, con un precio medio de 336 euros

Un joven pasa ante una vivienda en alquiler en la calle La Cámara.

Alcanzar la cifra de cincuenta pisos en el mercado en 2022 es el nuevo reto que se marca la Fundación San Martín con el refuerzo del programa “Avilés Alquila”, el plan que activó el Ayuntamiento de forma pionera en Asturias en 2012 para sacar al mercado en régimen de alquiler pisos vacíos y fijar población. Este año se han firmado diez contratos de arrendamiento, con una renta media de 359 euros.

Desde que se activó el programa, hace una década, se han suscrito 239 contratos con un precio medio de 336,28 euros.

Aquel 2012, el primer año de funcionamiento del programa, se cerraron 22 contratos. Al año siguiente la cifra ascendió a 39 y en 2014 se alcanzaron los 43, la mayor cifra en los diez años del “Avilés Alquila”. Desde entonces la cifra ha ido descendiendo. En 2015 fueron 32, al año siguiente 29, en 2017 cayó hasta los 12 contratos de alquiler y se recuperó en 2018, cuando el balance subió de nuevo hasta los 24 . En el último trienio la tendencia volvió a ser a la baja, con 17, 11 y 10 alquileres dentro del programa en 2019, 2020 y lo que llevamos de 2021, respectivamente.

Como adelantó este periódico, el Ayuntamiento de Avilés reforzará este programa. La propuesta que abordará la Oficina de Vivienda en próximas fechas ofrece aún más garantías para propietarios e inquilinos y busca involucrar a un mayor número de inmobiliarias.

El Ayuntamiento asumirá buena parte de los costes, entre ellos el pago de la fianza de los pisos adscritos al programa, que saldrán al mercado a precios máximos de entre 300 y 500 euros al mes, según su localización. Además, la Cámara de Comercio y la Fundación San Martín trabajan en un convenio por el que la entidad pondría a disposición del programa su servicio de mediadores.

Con este acuerdo, pendiente de rúbrica, la Cámara se haría cargo de la resolución de los conflictos que puedan surgir entre arrendadores y arrendatarios en el marco de los contratos de alquiler de vivienda acogidos al programa municipal.

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