El exconcejal de Urbanismo de Corvera Enrique Bueno afronta con “desazón” la suspensión del juicio, la cuarta vez que ocurre, de un proceso que comenzó hace nueve años y del que asegura que los presuntos delitos por los que se sienta en el banquillo de los acusados (cohecho y negociaciones prohibidas) “no existieron nunca”. Dice tener la “conciencia tranquila” y que tiene “la necesidad de explicar todo el proceso” de Quintanas de Chacón en sede judicial, en este caso en la Audiencia Provincial. Fiscalía le pide tres años y medio de prisión y una multa, además de años de inhabilitación. El exsecretario municipal también ha sido denunciado por negociaciones prohibidas.
La suspensión del juicio el pasado lunes fue debida a la incomparecencia de la abogada de Bueno. “Está de baja, tiene dos costillas rotas y siempre defendí y respeté los derecho de todos los trabajadores”, remarca el exconcejal de Urbanismo por IU. Metidos en harina, el exedil siempre defendió que actuó de acuerdo a los informes municipales y se remonta a 2008 y muestra un informe técnico desfavorable de la arquitecta en el que afirma que el convenio de Quintanas de Chacón “genera un incremento de la edificabilidad en una zona de alta densidad de población sin garantizar la creación de las correspondientes dotaciones”. Según el relato de Fiscalía, el exedil contactó con el promotor inmobiliario para formalizar un convenio y el promotor constituyó una sociedad, Viviendas Vegascentro S. L. Ese acuerdo contemplaba la construcción de 300 viviendas. Llegó una moción de censura de USPC y PP y acabó con el gobierno del PSOE e IU.
En 2011, las elecciones favorecieron un nuevo acuerdo de izquierdas y Bueno volvió a Urbanismo. Y se reanudaron las negociaciones entre el Ayuntamiento y el promotor de Quintanas de Chacón. En 2011, continúa el fiscal, con la reanudación de las negociaciones el promotor tenía que adquirir el 50% de las propiedades y entre ellas estaba la vivienda del acusado. Según la Fiscalía, el promotor le ofreció 150.000 euros, pero el edil le exigió en una conversación la cantidad de 600.000 euros. El promotor, continúa el relato del Fiscal, no cedió a la entrega y en la siguiente reunión para firmar el convenio el edil puso como condición que tenía que hacer un aparcamiento y ceder gratuitamente al Ayuntamiento cien plazas, petición inasumible para el promotor, por lo que el convenio no se firmó. También afirma el fiscal que tras la ruptura de las negociaciones y con el nuevo Plan General, la vivienda del edil ampliaría su edificabilidad y el entorno reducía de forma drástica el número de viviendas a construir.
Bueno niega que le pidiera dinero por su vivienda y, es más, afirma, de acuerdo a los informes técnicos que “lo que no era válido en 2008 no podría serlo en 2011”. “Nos volvimos a sentar a hablar para ver si podíamos recuperar el convenio y si no hubo acuerdo fue porque el promotor se negó a cumplir con las necesidades que hizo ver la arquitecta”, indicó.
“El fiscal sigue las tesis de un promotor cínico y mentiroso”, sostiene Bueno, que también incide en que su vivienda “no puede ampliar su edificabilidad porque tiene una planta de 120 metros y se necesitarían 160. Ya estoy cansado de esta situación, que se acabe cuanto antes”. Un jurado popular decidirá en una sesión aún sin fecha señalada presumiblemente en 2022.
