El gobierno de Castrillón (IU, PSOE y Podemos) presentó ayer una propuesta fiscal para 2022 en la comisión municipal de Hacienda que no contempla la subida de ninguno de los impuestos más relevantes (IBI, IAE, licencias urbanísticas...) si bien prevé el encarecimiento del 3,3 por ciento de las tarifas de agua y alcantarillado, una actualización obligada para cumplir con los términos del contrato suscrito en su día con la empresa adjudicataria del servicio, Aqualia. “La subida del agua es inevitable porque viene predeterminada por contrato y ha de ser equivalente a la variación del IPC, que este año ha sido del 3,3 por ciento”, explicó la concejal de Hacienda, Montserrat Ruiz.
La edil manifestó que la propuesta fiscal elaborada “contiene algunas modificaciones de forma, pero ninguna sustancial de fondo”, en referencia a varios cambios de redacción que se quieren hacer en determinadas ordenanzas “para ajustarlas a la realidad y hacer más sencilla su aplicación”. Así, en la ordenanza de licencias urbanísticas se amplía el tipo de obras exentas de pagar esta tasa a las pequeñas reposiciones y arreglos con materiales iguales a los existentes; en la ordenanza de ocupación de terrenos públicos se dejará de cobrar por adelantado un depósito a los solicitantes de espacio en mercadillos callejeros y actividades similares; y en la ordenanza reguladora del servicio de apertura temprana de los centro de educación infantil se amplía el objeto de la misma para poder aplicarla a otras actividades como campamentos y otras de tiempo libre.
En el caso de ordenanza de teleasistencia, el precio público mensual a cobrar por terminal baja de 12,93 a 12,48 euros a la vez que se incrementa el límite de la exención, que pasa de ser una vez el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM) a 1,3 veces el mismo indicador; esto su pone un incremento del número de personas con derecho a la exención.
Montserrat Ruiz reseña que “en Castrillón el marco fiscal está diseñado desde hace años, fruto de la sucesión de gobiernos de izquierda, y acomodado a los servicios de calidad que quiere prestar el gobierno”. Por otra parte, según la edil, “Castrillón es, por nivel de renta de sus vecinos, uno de los concejos más ricos de Asturias y, por tanto, la presión fiscal es perfectamente asumible dado que la misma está en una banda moderada en relación a la media regional y existen numerosas bonificaciones y exenciones a las que se pueden acoger las personas con menos recursos”.
Vox, que acusa al tripartito de “incrementar las tasas y los impuestos”, solicitó derogar dos tasas, la de licencias urbanísticas y la del Impuesto sobre Construcciones (ICIO), pero el gobierno local rechazó tal petición.
