El capital social mínimo para poder fundar una empresa es 3.000 euros. Eso es lo que desembolsó Víctor Rubén Domenech (que también responde como David Domenech) cuando creó la sociedad PM MR 1866, S.L., una de las principales del marabayo que montó para hacerse con las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña (Alu Ibérica). Lo que señalan los investigadores del caso de descapitalización fraudulenta de las plantas que investiga la Audiencia Nacional es que esos 3.000 euros llegaron en forma de dos ordenadores que puso Domenech. Él es, de hecho, el único socio propietario de la entidad, pero quien figura como administrador es Luis Losada al que la Seguridad Social considera presunto testaferro del principal encausado en el proceso de vaciamiento de las plantas alumineras que vendió en 2019 la multinacional Alcoa.
Losada es uno de los cuatro detenidos en las operaciones de registro que se llevaron a cabo la pasada primavera en todas las sedes sociales del Grupo Riesgo. Y es, además, el titular de la compañía System Capital Management, que ahora se llamaba Iberian Green Aluminun Company, que fue la sociedad que se fundó en enero de 2020 y que se hizo efectivamente con las fábricas.
Lo que señalan los investigadores es que esta última empresa, presuntamente pantalla, nació con una capital mayor de 300.000 euros que llegó gracias a seis carretillas que puso la empresa PM MR 1866 y una impresora que añadió Alejandra Camacho, principal colaboradora de Domenech (también detenida en su momento). Así que Domenech es el dueño de Iberian a través de PM MR 1866, pero Losada vuelve a aparecer como administrador de la sociedad que compró las plantas. ¿Y quién es Losada? Un ciudadano residente en la provincia de Málaga que hasta el año pasado sabía más de inmobiliarias que de aluminio.
En paralelo a esto, la defensa de los dueños de Alu Ibérica propuso a la Audiencia Nacional que fuera la multinacional Alcoa la que pague los 13 millones que la jueza ha ordenado que se depositen en las cuentas de las fábricas para que los trabajadores puedan cobrar sus nóminas. Alcoa ha impugnado tal intención en virtud de que, según su criterio, nunca supo a cuánto revendió Parter Capital (cliente de los su parte a Riesgo).
La defensa de Domenech pone sobre la mesa el conflicto civil que mantiene con la multinacional Alcoa en los juzgados de Madrid, pero esto Alcoa lo considera fuera de la realidad. El litigio existe, pero no es con Riesgo: es con Parter y el objeto exclusivo contenido de esa demanda “se circunscribe a la venta del 74% de las participaciones sociales de las sociedades propietarias de las plantas de Avilés y La Coruña”. Recuerdan, por tanto, que el litigio nada tiene que ver con dónde están los 13 millones que abonó Riesgo a los suizos a través del procedimiento de asistencia financiera, es decir, tras controlar las fábricas extrajo de las mismas el dinero preciso para pagar a Parter. Esto lo reconoció Riesgo este verano, cuando la Audiencia Nacional estaba planeando quitar la administración de las fábricas a Domenech y a sus socios. Esta parte había asegurado que restituiría esos millones si no había cambio de dirección.
